Piden ayuda a AMLO y Zaldívar ante “abuso” de gobernador de Aguascalientes

Claudia Bolaños

Óscar Fernando González Martínez, quien fuera director general y propietario de la agencia automotriz López y González, segundo distribuidor de Nissan a nivel nacional, fue encarcelado y despojado de su patrimonio y acusó al recien gobernador saliente de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, de ordenarlo; por ello pidieron ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador y al presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.

Además, su abogada, Jenny Marlene Hernández Rodríguez, señaló a Hugo Castañón Mercado, quien se ostenta en las audiencias como mano derecha del gobernador Martín Orozco, de amenazarla y de “sugerirle” que no se meta en el caso, ya que “era un mandato directo del gobernador”, además de ejercer en contra de la abogada violencia de género al insultarla y amenazarla a ella y a su familia, no solo de forma verbal, también vía telefónica y de mensajes de texto.

El empresario quedó privado de su libertad el 19 de marzo del 2020.

En la primera audiencia queda en libertad, “porque enfrentó en todo momento a la autoridad, al solicitar fechas de audiencia para aportar datos en su defensa. Sin embargo, el Ministerio Público le dijo que no era imputado y en caso que la investigación le fincara alguna responsabilidad, sería la autoridad quien le diera la fecha de audiencia, no fue así”, declaró en entrevista la abogada defensora Jenny Hernández.

Al girar la orden de aprensión, el Ministerio Público de nombre Fernando Adolfo Padilla García, omitió que mi cliente solicitó las audiencias, aclaró la litigante, no huyó ni se negó a presentarse; pero la autoridad aseguró que se encontraba prófugo y oculto en su departamento, ese mismo día mi representado salió libre por un amparo y al mismo tiempo, se otorgó otra orden de aprensión por el mismo delito y por las mismas posibles víctimas.

“El ministerio público dijo que obviamente éste había quedado en libertad; sin embargo, había otra carpeta de investigación de la que nadie sabía. Entonces desde ese momento, inventaron otra carpeta de investigación, todo es lo mismo, esto para que pudiera quedar privado de su libertad”, denunció la abogada del empresario que se encuentra en prisión preventiva justificada por delito patrimonial desde hace dos años.

Además, de privarlo de su libertad, al empresario se le realizó un embargo precautorio de bienes, pero no sólo en su contra, sino también en contra de sus hijos. El detrimento patrimonial abarca su empresa y el predio en donde se encontraba ésta, aunado a que también a sus hijos se les embargaron sus bienes, por lo que perdieron su patrimonio en solo dos años.

“Esto es algo que no puede pasar en derecho penal porque la pena no puede ser trascendental y eso nos lo dice el artículo 22 constitucional, la pena no puede trascender más allá de la persona que probablemente cometió el hecho delictivo y aquí estamos hablando de que jueces de control que tienen la obligación de garantizar y velar por los derechos humanos de las personas accedieron a generar embargos de bienes tanto de mi cliente, así como de sus hijos”, aclaró Jenny Hernández.

Actualmente, existe un amparo en donde se han hecho valer todas las violaciones procesales del caso, precisó la abogada Hernández Rodríguez, “es para que ni siquiera tuviera ya una etapa de juicio y que pudieran verlo en otra jurisdicción.”

“Aguascalientes está muy contaminado, los propios jueces de distrito han calificado de legal las actuaciones tanto del Ministerio Público como del juez de control, entonces yo le pediría a la a la autoridad Federal que este amparo en donde existen violaciones procesales y en las que no hay pruebas incriminatorias en contra de mi cliente sea atendido en otra jurisdicción que sea observado de forma completa y meramente jurídica que no se le niegue ese derecho que tiene mi representado a quedar en libertad”, expresó la también catedrática.

La familia del empresario y la abogada solicitarán al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atraer el amparo que presentarán el próximo 6 de octubre, “que quede en evidencia toda esta corrupción que se ha vivido en el estado de Aguascalientes que se puedan revisar las carpetas de investigación y que se pueda realizar una investigación en contra del actual gobernador”, finalizó la litigante Jenny Hernández.