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Pierde Fundación Jenkins control de la Udlap

Pierde Fundación Jenkins control de la Udlap

Nación miércoles 30 de junio de 2021 - 07:30


Juez cedió la posesión de la institución que la Fundación UDLA; “es un despojo”: rector Derbez

Osvaldo Valencia
@Osva_Valencia

La pugna al interior de la familia Jenkins por el control del multimillonario patrimonio que heredó William O. Jenkins llegó a su clímax luego de que el Juzgado Segundo de la Civil, con sede en Cholula, concedió a la Fundación de la Universidad de las Américas la facultad de recuperar de forma inmediata el control sobre las bienes físicos y administrativos de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).

La prestigiada universidad se encontraba en poder de la Fundación Mary Street Jenkins, encabezada por los hermanos Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa.

La Fundación UDLA, a su vez, tiene como cabeza a Guillermo Jenkins de Landa, quien inició el proceso jurídico contra su padre Guillermo Jenkins Anstead (QEPD), su madre Sofía de Landa de Jenkins y sus cinco hermanos por supuestamente violar el testamento del patriarca de la familia y desviar 14 mil 276.2 millones de pesos (720 millones de dólares) hacia la Fundación Bienestar de la Filantropía y, posteriormente, a la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano.

El patrimonio incluye el edificio histórico La Victoria, ubicado en el corazón del Centro Histórico; un lote de la 15 Poniente, el local donde se ubica Vips Las Animas, la tienda Walmart en Las Animas, el centro comercial El Triángulo y el complejo inmobiliario allí construido; el Colegio Americano (primaria, secundaria y preparatoria, ubicadas en diferentes zonas de la ciudad), los club deportivo Alpha 3 y 4, así como uno en Cholula, un lote en la 20 Oriente, la Casa del Fundador en la 2 Oriente; automóviles, obras de arte, acciones de empresas, cuentas bancarias y un helicóptero Agusta, mismas que estaban en la mira de las autoridades fiscales.

LA TOMA DEL CAMPUS

La mañana del 29 de junio, alrededor de las 10:30 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado arribaron al campus ubicado sobre la Recta a Cholula, para proceder con el desalojo de estudiantes, docentes y personal administrativo que se encontraban, así como el aseguramiento de bienes y la clausura de algunos accesos al inmueble.

Desde el ingreso de las unidades de Seguridad Pública, los elementos de seguridad interna del plantel y profesores forcejearon con los agentes que ingresaron con un fuerte operativo de seguridad.

Una vez que se logró el desalojo, ingresaron camionetas de la Policía Estatal, quienes tomaron el control de los accesos a lo largo del día.
De acuerdo con la resolución emitida por el Juzgado Segundo de lo Civil, de San Andrés Cholula, se solicitó a las autoridades ministeriales locales “poner en posesión” de la Fundación de la UDLAP I.B.P, por conducto de su presidente Horacio Magaña Martínez, las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla, ubicada en la Exhacienda Santa Catarina Mártir S/N, en San Andrés Cholula, para lo cual se solicitó el uso de la fuerza pública para dar cumplimiento al ordenamiento.

Además, se ordenó al rector Luis Ernesto Derbez Bautista —exsecretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Vicente Fox— y a cualquier otra persona que ejerza puestos administrativos, directivos o seguridad a que se abstengan a impedir el cumplimiento del mandato emitido.

“FUE UN DESPOJO”

El rector de la Udlap calificó la intervención judicial en las instalaciones universitarias como un despojo mediante el uso de la fuerza y armas de grueso calibre en desacato a la suspensión del proceso penal otorgada por un juez federal.

Por la noche, el exfuncionario federal acusó, en una videoconferencia, a la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla de un supuesto “intento de imposición” de un patronato para controlar la institución y retirar a la Fundación Mary Street Jenkins.

Ernesto Derbez reconoció que la Fundación Mary Street Jenkins enfrenta un proceso legal desde 2013; sin embargo, apuntó que este no se relaciona con las cuestiones educativas de la institución.

Explicó que el 4 de mayo de 2021, como medida preventiva ante posibles actos de molestia o intento de privación de bienes y derechos, la UDLAP promovió ante el Juzgado Primero de Distrito un juicio de Amparo que fue concedido, radicado con el número 613/2021, para la suspensión provisional, vigente hasta el día de hoy, para que no sean removidos los patronos y no intervenga en su administración, contabilidad o en cualquier acto de molestia o de privación de bienes y derechos.

“Ellos no tienen en mente el bienestar de la institución, el acceso al campus ha sido limitado por una decisión tomada por esta Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla de cambiar patronato por sus pistolas”, señaló Ernesto Derbez, reclamando a los agentes que ingresaron por romper candados de acceso y amenazar a los docentes y administrativos presentes.

Por su parte, la Fundación Mary Street Jenkins reprochó a través de un comunicado la existencia de una campaña de desprestigio en su contra, y sostuvo que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de intentar colocar personas afines a ellos para apropiarse de los bienes de la institución.

La feria de los millones

En junio de 2014, Guillermo Jenkins de Landa declaró al semanario Proceso que su destitución como patrono propietario y secretario de la Fundación Jenkins desató un saqueo ya que era el único que se oponía a reformar los estatutos del patronato para que sus hermanos fueran incluidos en la herencia, lo que iba en contra de los deseos de su abuelo Guillermo Oscar Jenkins.

Sin embargo, los abogados Virgilio Rincón Salas y Carlos Román Hernández, contratados por el representante jurídico de la misma fundación, Alejandro González Muñoz, dieron vuelta al deseo del patriarca y la fortuna amasada pasó a ser su herencia.

Ante esto, Guillermo Jenkins Antead, padre de Jenkins de Landa, asumió la presidencia de la fundación; su madre Elodia Sofia de Landa de Jenkins, la vicepresidencia; mientras que el resto fue conformado por Manuel Mestre Martínez, Juan Guillermo Eustace Jenkins, Roberto Jenkins de Landa, María Elodia Jenkins de Landa, Margarita Jenkins de Landa y Juan Carlos Jenkins de Landa.

En ese mismo año los miembros del patronato, apoyados por los mismos abogados que los introdujeron al patronato, donarían el patrimonio de la fundación a otra creada por ellos mismos.

En abril de 2016, Proceso dio a conocer la denuncia presentada ante la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, en donde relata que 720 millones de dólares fueron “donados” a la Fundación Bienestar de la Filantropía, la cual se llevó el dinero a Barbados y Panamá, lo que fue llamado por Jenkins de Landa como “la más grande defraudación cometida en perjuicio de la beneficencia privada en la historia del país”, pues era la liquidación de la fundación.

No obstante, la Junta no investigó ninguna de las acusaciones. En su momento el afectado acusó que se debió a la relación cercana de su hermano Roberto Jenkins de Landa con el exgobernador Rafael Moreno Valle.

Cambio de sede

La Fundación Bienestar para la Filantropía fue creada en septiembre de 2009 en Aguascalientes por Antonio Obregón Barrera y Juan Manuel Martínez del Campo Herrera, cercanos a Jenkins Anstead, además de que estuvieron involucrados en la remoción de Guillermo Jenkins de la fundación.

Eso permitió que la fundación cambiara su domicilio, tres meses después de su creación, a Brigetown, Barbados. Movimientos que supuestamente no fueron informados a las autoridades fiscales.

En diciembre de 2015, se creó en Panamá la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano, pero con una categoría de “interés privado”. Esta era una extensión de Bienestar de Filantropía, responsable de administrar los 720 millones de dólares patrimonio de la fundación Mary Street Jenkins, la cual -al final- se repartió entre los integrantes de la familia Jenkins.

De acuerdo con documentos que difundió el portal e-consulta en 2017, Antonio Obregón Barrena cedió los derechos de fundador a Guillermo Jenkins Anstead y así se entregaron una mesada de 600 mil dólares anuales y los gastos médicos que las pólizas no le cubrían a la esposa Elodia Sofía de Landa de Jenkins.

La herencia fue extendida a Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins. Cuando fallezcan, el patrimonio pasará por partes iguales a los hijos naturales.

Guillermo, por su parte, fue excluido de cualquier beneficio en vida o en caso de su fallecimiento.

En 2017 las denuncias llegaron a la entonces Procuraduría General de la República y al Servicio de Administración Tributaria.
Los pasos de Moreno Valle

El cambio de los estatutos no fue un asunto sencillo, pero contó con el aval de Rafael Moreno Valle y eso permitió la transferencia de recursos a otras fundaciones.

Con la llegada de Morena al gobierno del estado se inició una amplia investigación sobre el tema, aunque con anterioridad la Fiscalía General de la República ya había tomado cartas en el asunto, pero en 2018 se emitió una resolución de no ejercicio de la acción penal que, entre otras irregularidades, no fue informada al denunciante Guillermo Jenkins de Landa.

Ante esa situación, se realizó una revisión a las actuaciones respecto al patrimonio. La FGR descubrió una serie de irregularidades que pretendían dar por terminada la investigación penal y encubrir el presunto fraude.

Eso, además, llevó a que se revocara el acuerdo de no ejercicio de la acción penal y se ordenó continuar con la investigación.

Las autoridades advirtieron sobre la presunta comisión de dos delitos. El primero es investigado por la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o alteración de Monedad de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia organizada de la FGR, en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-PUE/000934/2020; y el segundo, por la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en la carpeta de investigación 2886/2020/ZC.
En ambas carpetas se ha ejercitado acción penal en contra de Guillermo Jenkins Anstead, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins, Roberto Jenkins de Landa, Juan Guillermo Eustace Jenkins, Margarita Jenkins de Landa, Juan Carlos Jenkins de Landa, María Eloína Jenkins de Landa, Manuel Mestre Martínez, Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz y Carlos Román Hernández.


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MF/CR

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