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Propone Verónica Martínez tipificar el ecocidio con penas de hasta 30 años de prisión

Propone Verónica Martínez tipificar el ecocidio con penas de hasta 30 años de prisión

Nación domingo 20 de septiembre de 2026 -



Claudia Bolaños

La diputada federal del PRI, Verónica Martínez García, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal con el fin de tipificar el delito de ecocidio y establecer penas de 15 a 30 años de prisión para quienes provoquen daños graves, extensos o irreversibles al medio ambiente.

La propuesta plantea adicionar el artículo 416 Bis al Código Penal Federal para definir el ecocidio como un delito que sancione conductas dolosas, por acción u omisión, que afecten ecosistemas, biodiversidad o servicios ambientales. Además de la prisión, contempla multas de cinco mil a 50 mil días y la obligación de reparar de manera integral el daño ocasionado.

La legisladora señaló que la iniciativa surge ante el incremento de afectaciones a los recursos naturales, la pérdida de5 biodiversidad y la necesidad de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, establecido en el artículo 4 de la Constitución.

Martínez García explicó que las sanciones aumentarían hasta en una mitad cuando el ecocidio se cometa en áreas naturales protegidas, sitios Ramsar, reservas de la biosfera, afecte especies en peligro de extinción, comprometa el suministro de agua para consumo humano o sea cometido por servidores públicos.

La iniciativa también propone que las empresas responsables enfrenten medidas como la suspensión de actividades hasta por diez años, clausura definitiva, cancelación de concesiones, prohibición de operar e incluso la disolución de la persona moral cuando haya sido utilizada para cometer el delito.

Asimismo, establece que la reparación del daño ambiental será obligatoria e imprescriptible mientras permanezcan los efectos negativos en los ecosistemas. Esta reparación incluiría acciones de restauración, remediación, compensación ambiental y el pago de los daños ocasionados.

La diputada afirmó que el objetivo es fortalecer las herramientas de procuración de justicia para sancionar delitos ambientales y evitar que hechos como la deforestación masiva, la contaminación de cuencas o desastres ecológicos queden impunes o sólo reciban sanciones administrativas.

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OC/CR

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