Retroceso a derechos reproductivos

Columnas miércoles 04 de septiembre de 2024 -

Una reciente reforma al código penal en Aguascalientes representa un retroceso alarmante en los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes, por parte de los integrantes del Congreso local. Hace un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la despenalización del aborto en el estado, un avance significativo impulsado por cinco organizaciones de la sociedad civil que lucharon para impugnar la prohibición existente. Sin embargo, lo que parecía un paso hacia adelante en la protección de los derechos reproductivos ha sido revertido de manera preocupante.

Los legisladores de Aguascalientes aprobaron, en la víspera, una nueva reforma al código penal, reduciendo el periodo en el que las personas pueden acceder a un aborto legal de doce a seis semanas de gestación. Esta modificación no solo limita gravemente el acceso a un servicio de salud esencial, sino que también contradice las obligaciones internacionales de derechos humanos que México ha asumido, en particular aquellas relacionadas con la salud y la autonomía sexual y reproductiva.

La reducción del periodo permitido para el aborto a seis semanas es una medida que, en la práctica, hará que este derecho sea inaccesible para muchas personas. Las estadísticas y estudios muestran que la mayoría de las mujeres y personas gestantes no descubren su embarazo dentro de ese periodo tan limitado, lo que convierte esta reforma en una prohibición encubierta. Además, afecta de manera desproporcionada a sectores vulnerables de la población, como adolescentes, personas que viven en pobreza y aquellas con discapacidad.

Esta reforma también contraviene precedentes establecidos por la SCJN y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La Corte ha subrayado en diversas sentencias la importancia de garantizar el acceso al aborto seguro y legal, reconociendo que las restricciones excesivas violan derechos fundamentales. La OMS, por su parte, ha instado a los países a evitar leyes que impongan límites gestacionales estrictos para el aborto, señalando que tales restricciones ponen en peligro la vida y la salud de las personas gestantes.

La nueva ley de Aguascalientes obliga a las mujeres y personas gestantes a tomar decisiones difíciles y potencialmente peligrosas. Al limitar el acceso al aborto dentro del sistema de salud, muchas se verán forzadas a buscar alternativas fuera del estado o, peor aún, a recurrir a métodos inseguros. Esto no solo pone en riesgo su salud física, sino que también vulnera su derecho a la privacidad, a la autonomía personal y a la integridad física.

El gobierno de México, en sus obligaciones internacionales, tiene el deber de garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios de salud seguros y legales, incluido el aborto. Las restricciones impuestas por la reforma en Aguascalientes son un claro incumplimiento de estos deberes y deben ser enfrentadas con una respuesta contundente.

La reforma ahora se encuentra en el despacho de la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, quien tiene la oportunidad de vetar esta medida y proteger los derechos de las mujeres y personas gestantes en su estado. Este veto no solo sería un acto de justicia, sino también un compromiso con los principios de derechos humanos que México ha defendido en el ámbito internacional.