Rosario Robles busca acuerdo con Fiscalía

Los fiscales no presentaron la acusación formal en contra de la ex funcionaria

Rosario Robles, ex titular de Sedesol y actualmente presa, negocia con la Fiscalía General de la República (FGR) una liberación anticipada.

Ello, luego de que la defensa de Rosario Robles Berlanga ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) reconocer su culpabilidad penal en los dos cargos que enfrenta por el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión, por permitir el presunto desvío de 5 mil millones de pesos del gobierno federal, a cambio de que se reduzca la pena que enfrentaría por dichas imputaciones.

En la audiencia, que tuvo que realizarse de manera virtual por la pandemia de Covid-19, la defensa de Robles, a cargo del abogado Epigmenio Mendieta, fue quien ofreció esa iniciativa argumentando que su clienta “tiene la mejor disposición de declararse culpable a cambio de tener una pena menor”.

Ante la propuesta, el juez a cargo, Ganther Villaer, optó por suspender la audiencia apenas una hora después de haber iniciado y le dio un plazo de cinco días hábiles a los fiscales para que tomen una decisión positiva o negativa. Asimismo, citó a una nueva audiencia para el próximo 26 de febrero a las 10 de la mañana, donde se dará a conocer la decisión de los fiscales.

La audiencia llevada a cabo ayer pretendía que la FGR acusara formalmente a la ex titular de Sedesol y Sedatu; sin embargo, se presentó esta propuesta y tuvo que suspenderse para que los fiscales tomaran la decisión y se citara a una nueva el 26 de febrero.

Tras su detención, ocurrida en agosto del 2019, Rosario Robles había estado detenida sin juicio en el penal femenil de Santa Martha Acatitla ante la negativa de colaborar con las autoridades sobre desvíos millonarios de recursos entre 2013 y 2018, donde están involucrados los ex auditores Juan Manuel Portal y Muna Dora Buchahin, así como el ex Oficial Mayor de la Sedesol, Emilio Zebadúa, según las acusaciones presentadas por la FGR.

La decisión de colaborar con las autoridades surgió tras la decisión de la FGR de imputar lavado de dinero y delincuencia organizada.