SCJN da marcha atrás a política eléctrica

La Segunda Sala de la Corte afirmó que la decisión de la actual administración beneficia indebidamente a la CFE

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que la política eléctrica de la actual administración beneficia indebidamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de obstaculizar la competencia económica.

Destaca que esta decisión se da luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un proyecto de ley, promovido desde el Poder Ejecutivo con carácter de preferente, y que tiene como objetivo dar prioridad a la CFE, por encima de la industria privada.

Los integrantes de la Segunda Sala avalaron con una mayoría de votos el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, para resolver de manera definitiva la controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra la política.

Declararon inconstitucionales 20 disposiciones de la política de confiabilidad del Gobierno federal, pues contravienen la reforma energética vigente.

De esta manera, se definió que la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) no sólo distorsiona el proceso de competencia en materia energética, sino que otorga “injustificadamente una ventaja exclusiva e indebida en favor de la CFE para que proponga proyectos estratégicos en programas de suma relevancia”.

“De subsistir la disposición 5.4, se permitiría que la CFE, en su carácter de generador, transportista, distribuidor y comercializador, tenga una participación importante en el Programa que contiene la planeación del Sistema Energético Nacional; lo que sin duda distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia y constituye un obstáculo para que el mercado de la generación y comercialización de energía eléctrica opere bajo condiciones de competitividad”, según el proyecto aprobado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió este lunes al Congreso una iniciativa preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que limitaría la generación privada de energías renovables para priorizar a la empresa eléctrica del Estado.