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Sin pruebas fehacientes encarcelan dos años a un acusado de delito grave; no se sostiene acusación
Ciudades
Claudia Bolaños
La ejecución de una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado fue cuestionada en primera instancia, echándola para atrás en un proceso judicial radicado en el Reclusorio Oriente. debido a inconsistencias en la investigación y a la ausencia de pruebas que vincularon directamente a uno de los imputados que, sin embargo, pasó dos años en ese penal.
De acuerdo con Eduardo Gallardo, defensa legal de Jose Adolfo N, acusado de participar en el plagio de Jorge N, señala que al caerse el caso, buscan limpiar la imagen del acusado, ya que no se demostró de ninguna manera su responsabilidad.
El caso se originó a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la que la víctima reportó su secuestro una semana después de ocurrido, en febrero de 2023, argumentando que el retraso obedeció al temor que le generaron los hechos. Según su versión, se trató de un secuestro exprés con una duración aproximada de tres horas, durante las cuales habría sido retenido y agredido dentro de un vehículo bajo el argumento de que existían acusaciones en su contra por delincuencia organizada.
En su declaración, la víctima aseguró que para obtener su liberación se exigió a su familia el pago de un rescate millonario, en efectivo, moneda nacional y dólares, que habría sido entregado en efectivo por medio de un familiar.
Sin embargo, en la carpeta de investigación no existe documentación que acredite la existencia, procedencia o entrega de ese dinero.
Eduardo Gallardo Morato, defensa del implicado, indicó que la investigación ministerial se sustentó principalmente en imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas. No obstante, afirmó que en dichos registros no es posible identificar a las personas involucradas, ya que no se aprecian rostros, placas, marcas de vehículos ni rasgos físicos, sino únicamente siluetas.
Durante el juicio, peritajes en identidad humana y análisis de video forense confirmaron la imposibilidad técnica de realizar identificaciones, y la Fiscalía no pudo ubicar al imputado en ninguna de las grabaciones.
El testimonio de la presunta víctima también presentó contradicciones relevantes. En un primer momento afirmó que durante el secuestro le colocaron una capucha que le impedía ver, pero posteriormente describió escenas y detalles como si hubiera tenido visibilidad durante los hechos.
Asimismo, la defensa desmintió la existencia de informes telefónicos que vincularan al acusado con el delito, al señalar que los datos conservados no corresponden a su persona ni permiten identificar a los titulares de los números referidos en la investigación.
En el juicio se señaló que quienes participaron en el plagio fueron elementos de la Subsecretaría de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dependencia a la que también pertenecen los agentes que llevaron a cabo la investigación.
La defensa afirmó que el caso se construyó sin pruebas directas y que una investigación deficiente derivó en la prisión preventiva del acusado por más de dos años.
Sin embargo, una vez liberado se ha criticado a la juez por este hecho, pese a la falta de pruebas.
El asunto continúa en revisión y será analizado en una segunda instancia.
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OC/CR
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