Por Osvaldo Córdova
En México, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria. En la gran mayoría de los casos, la deudora o el deudor, dolosamente manifiesta que su salario es inferior al que realmente percibe o se coloca intencionalmente en estado de insolvencia.
Ante esta situación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) prepara un proyecto para identificar recursos financieros reales de deudores alimentarios.
En Twitter, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, envió felicitaciones con motivo del Día de Padre y anunció que se prepara dicho instrumento.
"Felicidades a todos los padres que asumen su responsabilidad, así como a todas las mujeres que asumen el rol de padre y madre. Preparamos un proyecto para identificar recursos financieros reales de deudores alimentarios”, escribió.
De acuerdo con la organización “Mamás en Acción”, y la “Red por los Derechos de la Infancia en México”, ocho de cada 10 deudores alimentarios en México no cumplen con el pago de la pensión alimenticia.
Asimismo, el INEGI indica que un tercio de las mujeres en el país son madres solteras y el 68 por ciento de ellas no cuentan con el apoyo del padre de sus hijos.
En México se elevaron a rango constitucional los derechos de niñas, niños y adolescentes al establecer su derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
En 2019 se reformó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Con el objetivo de garantizar el reconocimiento legal de la obligación alimentaria y que el Estado mexicano sea quien obligue a que esta se cumpla y no las madres mexicanas a través de juicios costosos e interminables.
Con ello los tribunales superiores de las entidades federativas y de la Ciudad de México suministrarán, intercambiarán y actualizarán la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en el ámbito de sus competencias utilizando los sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional DIF para integrar al Registro Nacional de Obligaciones.
Obliga a las autoridades federales competentes, instrumentarán medidas de restricción migratoria que establezcan que ninguna persona inscrita en el Registro puede salir del país cuando: sea deudor alimentario moroso o existan medios de prueba que permita al Juez determinar la existenia de un riesgo importante de que la salida del país sea utilizada como un medio de evasión de pago.