Por Claudia Bolaños
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado al Poder Judicial para apresurar sus resoluciones que mantienen recluidas a personas.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos se refirió a un tema en específico, pero advirtió que hay otros más como el que narró, y pidió a los jueces anteponer el criterio de justicia garantista al de los formalismos.
En este sentido habló en primera persona para indicar en la conferencia mañanera que ha dedicado años de su vida a la independencia judicial y a la protección de los derechos humanos, los cuales nunca dejará de lado se encuentre donde se encuentre.
Participó y contribuyó al debate garantista dijo y se disculpó de hablar en primera persona para hablar del tema de Rafael “N” -por su protección de derechos personales- hijo de una periodista que hace días acudió a la mañanera para hablar sobre el tema de su hijo.
La funcionaria se refirió al tema. En 2008 fue detenido en Valle de Bravo con armas de uso exclusivo de Ejército y droga, acusado de delincuencia organizada.
En 2013 se le dictaron 17 años de sentencia, al ser revisada se le disminuyó 16 años y luego a solicitud de aplicar el criterio de simultaneidad de penas se determinó que fueran 10 años.
El tema fue llevado a la SCJN con tema de alegato de tortura mismo que fue revisado, lo que derivó en la solicitud de la reposición del juicio lo que atrasó su liberación, pues ya habría compurgado los 10 años de prisión, pero el juez refirió que al no haber sentencia firme no se podía acordar la petición de liberarlo.
Olga Sánchez Cordero subrayó las dos visiones contrastantes.
Ante lo cual propuso la formación de una visión garantista que se ponga por delante de los formalismos que favorezcan los derechos de las personas, lo cual se indica en el artículo 1 de Constitución para aplicar la justicia. Aplicar la visión garantista, dijo, es la que debía de haber privado.
Se pronunció por determinaciones justa y dio a conocer que a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, por petición de la Presidencia, y con respeto de la autonomía de los jueces, “hacemos un llamado al Poder Judicial a apresurar el trámite de resolución no de este caso en particular sino en todos los asuntos en que la demora de la impartición de justicia este trayendo la afectación de un derecho tan importante como la libertad personal”.
También a dejar en claro que el papel de los abogados es muy importante, sobre todo en los procesos penales, el aspecto de la calidad de las estrategias y argumentos que se vierten ante los jueces.
Este tema debe generar un debate democrático, concluyó.
Imagen: Presidencia