Claudia Bolaños
El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ha sido señalado por una posible participación directa en la entrega y renovación de permisos en el sector de juegos y sorteos, durante su gestión al frente de la Segob.
De acuerdo con el especialista en carreras de caballos, Enrique Rodríguez Cano Ruiz, López Hernández habría influido en decisiones clave que favorecieron a empresarios vinculados a la industria del juego. Acusó que los permisos habrían sido otorgados con opacidad, bajo criterios discrecionales y sin apego estricto a lo establecido por la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Rodríguez Cano alertó que, en ese periodo, se permitió el ingreso de nuevos operadores y se renovaron concesiones sin transparencia, lo que podría configurar conflictos de interés y tráfico de influencias. Afirmó que el marco legal vigente permite una interpretación amplia por parte de la autoridad, lo cual, en ausencia de controles efectivos, puede derivar en prácticas contrarias a la legalidad.
Estas observaciones surgen en un contexto de escasa supervisión y señalamientos de estructuras políticas que habrían respaldado a ciertos grupos empresariales en el sector de apuestas, históricamente vinculado a intereses particulares.
En paralelo, el tema cobró mayor relevancia tras la detención en Paraguay de Jesús Antonio Bermúdez Soto, sobrino del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, por presuntos vínculos con una red de apuestas clandestinas.
De acuerdo con información difundida por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Bermúdez Soto era buscado por las autoridades paraguayas desde hace varios meses por operar juegos ilegales en línea desde ese país. El arresto ocurrió en la localidad de Hernandarias, donde el mexicano llevaba una vida discreta mientras dirigía negocios de apuestas sin autorización.
El vínculo familiar entre Bermúdez Soto y un exfuncionario de alto nivel en Tabasco, así como los señalamientos en contra de Adán Augusto López, también exgobernador de esa entidad, han encendido alertas sobre posibles redes de protección y omisiones institucionales en el otorgamiento y supervisión de permisos en la industria del juego.
Expertos y organizaciones civiles han reiterado la urgencia de revisar a fondo las facultades de la Secretaría de Gobernación en esta materia y de establecer reglas más estrictas que impidan el uso político o discrecional de esta facultad administrativa.
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