Claudia Bolaños
Amnistía Internacional alertó sobre el impacto de leyes que regulan a las organizaciones de la sociedad civil en diversos países de América, al señalar que estas medidas han afectado su funcionamiento y el entorno en el que desarrollan sus actividades.
De acuerdo con el informe “Rompiendo el tejido social: El impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas”, estas normativas incluyen disposiciones relacionadas con registro, financiamiento y rendición de cuentas, aplicadas en países como Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela.
La organización indicó que estas leyes forman parte de una tendencia en la región que incide en el espacio cívico. “Se observa una proliferación de marcos normativos que imponen restricciones a las organizaciones de la sociedad civil”, señala el documento.
En el caso de México, el informe de Amnistía Internacional señala que existen condiciones que han impactado el entorno en el que operan las organizaciones de la sociedad civil, particularmente en materia de financiamiento y acceso a recursos.
De acuerdo con el documento, uno de los elementos identificados en la región —y que también tiene efectos en el país— es el establecimiento de controles y requisitos que pueden dificultar la obtención de financiamiento, especialmente de origen internacional, lo que incide directamente en la sostenibilidad de proyectos sociales y de derechos humanos.
Asimismo, el informe ubica a México dentro de un contexto regional donde el acceso a recursos financieros, junto con obligaciones administrativas y de reporte, influye en la capacidad operativa de las organizaciones. Estas condiciones, señala, pueden impactar el desarrollo de sus actividades y su relación con las comunidades a las que brindan acompañamiento, en un entorno más amplio de presión sobre el espacio cívico.
La organización defensora de derechos humanos más grande del mundo precisó que estas disposiciones han tenido efectos en la capacidad operativa de las organizaciones y en su relación con las comunidades a las que brindan acompañamiento. “Estas medidas afectan el trabajo cotidiano de las organizaciones y su vínculo con las personas a las que apoyan”, refiere el informe.
El documento también advierte que estas regulaciones tienen implicaciones en la participación ciudadana y en el funcionamiento de organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos en la región. “El impacto se refleja en la reducción del espacio cívico y en la participación de la sociedad”, apunta.
Amnistía Internacional señaló que este fenómeno se presenta en distintos países con características similares, donde se han impulsado medidas que establecen controles sobre las actividades de las organizaciones.
“Los Estados deben abstenerse de restringir el espacio cívico en el que todas las personas puedan participar y expresar sus opiniones libremente”, ha señalado la organización en sus posicionamientos sobre la región.
El informe plantea la necesidad de revisar estos marcos normativos en el contexto del respeto a la libertad de asociación y al papel de las organizaciones en la defensa de derechos humanos en el continente.