Por Federico Reyes
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen relativo al cumplimiento de la ejecutoria del juicio de amparo 100/2023, emitida por el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa, en favor de Rubén Alberto García Cuevas, referente a su propuesta de ratificación como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la capital.
En el documento avalado, la comisión determinó que García Cuevas no es idóneo para ser ratificado en el cargo de magistrado del Poder Judicial local.
El diputado Alberto Martínez Urincho, de Morena y presidente de dicha comisión, explicó que la ratificación “es una institución jurídica contenida en la ley, por la cual se confirma a una persona magistrada mediante la evaluación y el análisis objetivo de su actuación en el cargo desempeñado, para determinar si continúa en éste o no”.
Agregó que este procedimiento “surge en función directa de la actuación del funcionario judicial durante el tiempo de su encargo, siempre y cuando haya demostrado que en su ejercicio actuó permanentemente bajo los principios de diligencia, experiencia, excelencia profesional, honorabilidad, honestidad invulnerable, actuación ética, dependencia, autonomía, eficiencia y responsabilidad”.
Martínez Urincho precisó que la ratificación puede entenderse como un derecho tanto del juzgador como de la sociedad, al garantizar una evaluación objetiva y responsable del desempeño de los magistrados, sin depender de la voluntad discrecional de las autoridades.
“El proceso de evaluación se realizó con base en el análisis del acervo documental remitido para tal efecto, por parte del Consejo de la Judicatura de la CDMX en su momento respectivo”, señaló el legislador, al tiempo que subrayó que “la ratificación de las personas magistradas no se produce de manera automática, ya que para que tenga lugar es necesario realizar dicho análisis y evaluación, pudiendo determinar de manera clara y objetiva, su elegibilidad para permanecer o no en el cargo de magistrado”.
Durante la discusión del dictamen, la diputada Yolanda García Ortega, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso que el documento sea dirigido a la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial, en lugar del Consejo de la Judicatura.