Durante el último fin de semana, el Instituto Nacional de Migración (INM) llevó a cabo operativos en áreas como Iztapalapa y Gustavo A. Madero, dirigidos a personas en tránsito que se encontraban en campamentos en vías públicas. Estos grupos incluían familias, niños, jóvenes, hombres y mujeres, todos considerados como prioridad en atención.
A pesar de que el INM tiene la responsabilidad de realizar revisiones migratorias, estas deben respetar los derechos humanos según lo establecido en la Ley de Migración, especialmente en su Artículo 22. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) ha recibido denuncias de posibles violaciones en este proceso.
Por ello, se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que, en su ámbito de competencia, investigue y supervise estas revisiones migratorias. Además, la CDHCM colaborará proporcionando información sobre las acciones de las autoridades federales, mientras investiga y supervisa el papel de las autoridades locales en estos operativos.
Recientemente, se ha observado un aumento en la concentración de personas en situación de movilidad en áreas como Iztapalapa y Gustavo A. Madero, así como cerca de albergues y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Esto ha generado molestia y protestas entre algunos residentes de estas zonas, motivando la intervención del INM en respuesta a una solicitud del Gobierno de la Ciudad.
Además, se está evaluando el cierre de un albergue temporal para migrantes en Tláhuac, limitando las solicitudes de refugio solo a las oficinas de la COMAR en Cuauhtémoc.
Debido a la saturación de albergues tanto gubernamentales como de organizaciones civiles, es probable que surjan nuevos asentamientos cerca de las oficinas de la COMAR. Estos asentamientos fueron el motivo de apertura del albergue en Tláhuac a principios de 2023. Las solicitudes de asilo son una de las pocas opciones para estas personas en movimiento, permitiéndoles permanecer en el país y evitar situaciones precarias durante su estadía o tránsito por México.
Abordar este problema de manera aislada y reactiva solo gestiona la situación momentáneamente. La Ciudad de México continuará siendo un punto de tránsito y destino para personas en movimiento, y no responder con políticas de inclusión basadas en derechos humanos solo empeorará los problemas sociales en lugar de resolverlos.
Es evidente que tanto el país como la Ciudad de México enfrentan un desafío significativo en cuanto a la movilidad humana. Es crucial buscar políticas públicas centradas en la vida y dignidad de estas personas, considerando que este fenómeno será constante a largo plazo y requiere soluciones a largo plazo. Los espacios públicos se utilizan debido al desbordamiento de albergues y la insuficiencia de espacios gubernamentales.
Por tanto, es esencial:
Garantizar que las intervenciones del INM se realicen dentro del marco legal, priorizando revisiones migratorias solo como último recurso.
Desarrollar y fortalecer alternativas para abordar este fenómeno social, reconociendo y apoyando el trabajo de los albergues de la sociedad civil.
Implementar políticas para desactivar conflictos sociales, promoviendo el respeto mutuo y la convivencia entre la comunidad local y las personas en situación de movilidad, basadas en leyes que prevengan la discriminación en la Ciudad de México.