El Gobierno de la Ciudad de México firmó un pacto con representantes de diversos sectores sociales para enfrentar la extorsión mediante una estrategia integral que incluye coordinación institucional, reformas legales y fortalecimiento de la denuncia ciudadana.
El acuerdo fue encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto con autoridades de seguridad, justicia, empresarios, organizaciones civiles y académicas, con el objetivo de sumar esfuerzos para prevenir, investigar y sancionar este delito que afecta la vida cotidiana y el patrimonio de la población.
Como parte de este pacto, se contempla el envío de reformas al Código Penal local para tipificar el delito de “hostigamiento coercitivo” y elevar la extorsión a delito grave, con el fin de endurecer sanciones y evitar que los responsables enfrenten sus procesos en libertad.
Asimismo, se anunció la creación de un Centro de Atención Inmediata contra la Extorsión, la instalación de inhibidores de señal en centros penitenciarios y el fortalecimiento de la inteligencia para rastrear redes delictivas, además de brindar mayor protección a víctimas y testigos.
El pacto también busca fomentar la denuncia y romper el silencio mediante la participación activa de la ciudadanía, considerada un elemento clave para combatir este delito. Autoridades capitalinas señalaron que habrá una política de “tolerancia cero” y un acompañamiento integral a quienes denuncien.
Finalmente, el acuerdo establece compromisos en materia de atención a víctimas, prevención, coordinación interinstitucional y generación de inteligencia social, con el objetivo de construir una respuesta colectiva frente a la extorsión en la capital del país.