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CIDH documenta complicidad de autoridades en desapariciones en México
Nación
Claudia Bolaños
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la crisis de desapariciones en México se encuentra profundamente marcada por la complicidad, tolerancia y, en algunos casos, participación directa de autoridades con el crimen organizado, lo que ha impedido frenar un fenómeno que mantiene en incertidumbre a miles de familias.
En su informe más reciente sobre desaparición de personas en el país, el organismo señaló que, si bien no existe una política estatal generalizada como en décadas pasadas, sí persisten prácticas de desaparición forzada y una preocupante connivencia entre agentes estatales —particularmente a nivel local— y grupos delictivos, lo que configura un escenario de responsabilidad estatal por acción, omisión o aquiescencia.
La CIDH documentó que México supera las 128 mil personas desaparecidas, cifra que evidencia la magnitud de la crisis, a la que se suma el colapso del sistema forense, con más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo institucional. Este panorama, indicó, no sólo refleja deficiencias técnicas, sino también falta de voluntad política y coordinación efectiva entre autoridades.
El informe subraya que policías municipales, estatales y funcionarios de procuración de justicia han sido señalados en diversos casos por su participación directa o por facilitar operaciones del crimen organizado, ya sea mediante encubrimiento, filtración de información o inacción deliberada. Esta situación ha generado un entorno de impunidad estructural en el que la mayoría de los casos no se resuelven.
Asimismo, la CIDH alertó que las fallas en las investigaciones, la revictimización de familiares y la ausencia de resultados concretos han obligado a colectivos de búsqueda a asumir tareas que corresponden al Estado, exponiéndose a riesgos constantes en un contexto de violencia.
El organismo también destacó que las desapariciones afectan de manera diferenciada a mujeres, niñas, niños, migrantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como a jóvenes que son reclutados por grupos criminales.
Frente a este escenario, la Comisión emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano para fortalecer los mecanismos de búsqueda, garantizar investigaciones independientes, sancionar a funcionarios implicados y combatir las redes de corrupción que permiten la continuidad de estos delitos.
El informe concluye que mientras no se rompan los vínculos entre autoridades y crimen organizado, y no se combata la impunidad, la crisis de desapariciones en México continuará profundizándose, afectando no sólo a las víctimas directas, sino a la estabilidad institucional y al Estado de derecho en su conjunto.
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OC/CR
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