Tres años para erradicar el hambre

Columnas miércoles 30 de septiembre de 2026 -

México ha conseguido avances importantes en materia alimentaria durante los últimos años. De acuerdo con la Encuesta Intercensal del INEGI, entre 2020 y 2025, la proporción de hogares que reportaron dificultades para acceder a los alimentos por falta de dinero o recursos disminuyó de 9.18% a 6.54%. En números absolutos, se pasó de alrededor de 3.21 millones a 2.60 millones de hogares: aproximadamente 617 mil menos. La reducción ocurrió, además, en las 32 entidades federativas.

El dato debe reconocerse en toda su importancia. Pero sería un error convertir una tendencia favorable en una razón para disminuir la urgencia. A poco más de tres años de llegar a 2030, México mantiene todavía una distancia considerable respecto de un compromiso mucho más exigente: poner fin al hambre y garantizar que todas las personas tengan acceso, durante todo el año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente. Esa es precisamente la meta 2.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Las estimaciones más recientes de la FAO permiten dimensionar el desafío. Para el periodo 2023-2025, la prevalencia de la subalimentación en México se estima en 3.1%, equivalente a alrededor de 4.1 millones de personas. Al mismo tiempo, 16.5% de la población se encuentra todavía en condiciones de inseguridad alimentaria moderada o grave.

Esto obliga a plantear una discusión que rebasa el ámbito de las transferencias monetarias. El ingreso importa, y mucho. Pero una política contra el hambre no puede reducirse a incrementar la capacidad monetaria de los hogares y esperar que el resto de las condiciones se produzca automáticamente. Erradicar el hambre exige construir una política pública específica, territorial y verificable.

Significa identificar dónde están las personas que todavía padecen privaciones alimentarias; distinguir las condiciones de las comunidades rurales de las periferias urbanas; proteger prioritariamente a niñas y niños, mujeres embarazadas, personas mayores y hogares en pobreza extrema. Implica también intervenir sobre el sistema alimentario. No basta con que exista ingreso si los alimentos nutritivos son caros, escasos o inaccesibles territorialmente.

Una estrategia nacional de Hambre Cero debería articular producción local, pequeños productores, abasto, almacenamiento, mercados regionales, alimentación escolar, atención nutricional, acceso al agua y compras públicas de alimentos. El problema del hambre debe ser tratado simultáneamente desde la política social, económica, agrícola, sanitaria y territorial.

Cada municipio con hambre persistente debería ser identificable; cada intervención tendría que contar con metas anuales; y cada peso destinado a esta tarea debería poder relacionarse con resultados verificables en seguridad alimentaria y nutrición. México ha demostrado que es posible reducir significativamente las dificultades de acceso a los alimentos. Pero el último tramo será probablemente el más difícil. Los millones de personas que permanecen en esta condición representan precisamente el núcleo al que debe dirigirse una política capaz de cumplir el principio fundamental de la Agenda 2030: no dejar a nadie atrás.

El tiempo disponible es ya extraordinariamente breve. Por eso el objetivo no puede ser administrar el hambre ni solamente reducir su incidencia. La política pública de los próximos tres años tendría que proponerse algo mucho más preciso y exigente: erradicarla.

Investigador del PUED-UNAM