Extorsión: una respuesta desigual

Columnas martes 29 de septiembre de 2026 -

La extorsión se ha convertido en uno de los problemas de seguridad más complejos que enfrenta México. Su gravedad no radica solamente en el número de víctimas, sino en la transformación de las organizaciones criminales, que han diversificado sus fuentes de financiamiento. El narcotráfico sigue siendo una actividad central, pero a su alrededor se han desarrollado mercados criminales que incluyen la extorsión a comerciantes, empresarios y productores.

El problema adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando la extorsión deja de operar exclusivamente desde fuera del Estado y encuentra protección, colaboración o incluso participación de autoridades. En esos casos ya no se trata solamente de corrupción o abuso de autoridad: se produce una relación en la que las capacidades institucionales pueden ser utilizadas para favorecer intereses criminales.

Esta situación coloca a la ciudadanía frente a una paradoja: ¿ante quién denunciar cuando existe la sospecha de que la propia autoridad puede formar parte de la estructura que extorsiona? El miedo no solamente proviene de la capacidad de violencia de las organizaciones criminales, sino de la posibilidad de que una denuncia termine exponiendo a la víctima frente a quienes pretende denunciar.

El gobierno federal ha respondido con distintas estrategias. Una de ellas ha sido la llamada Operación Enjambre, iniciada en el Estado de México y posteriormente extendida mediante investigaciones y operativos en otras entidades para identificar posibles vínculos entre autoridades municipales y organizaciones criminales. Durante la actual administración han sido detenidos al menos 13 presidentes municipales.

La segunda vertiente es la Estrategia Nacional contra la Extorsión, puesta en marcha en julio de 2025. Uno de sus principales instrumentos es el 089 para realizar denuncias anónimas. De acuerdo con cifras oficiales, hasta agosto de 2026 habían sido detenidas alrededor de dos mil personas relacionadas con este delito en 29 estados.

Los resultados muestran que existe una respuesta institucional, pero también revelan uno de los principales obstáculos de la estrategia: para denunciar se necesita confianza. Y esa confianza resulta difícil de construir cuando las víctimas perciben lentitud, impunidad o, en los casos más graves, posibles vínculos entre autoridades y grupos criminales.

Es precisamente en este punto donde casos recientes permiten dimensionar la complejidad del problema. El primero ocurrió en Tequila, Jalisco. En febrero de 2026 fue detenido su presidente municipal, Diego Rivera Navarro, de Morena, en el marco de la Operación Enjambre. Las autoridades lo señalaron por presuntamente encabezar desde el Ayuntamiento una estructura de corrupción y extorsión contra empresarios y comerciantes. Entre las empresas afectadas fue mencionada José Cuervo, a la que presuntamente se exigían pagos bajo amenazas de clausura. Posteriormente, Rivera Navarro fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y secuestro agravado.

La celeridad con la que se actuó en la detención del alcalde, después del conflicto con la tequilera, y la cercanía que el empresario presume y que se hizo pública meses después con los hijos del expresidente López Obrador, lleva a pensar si esa relación pudo influir en la actuación de la autoridad.

El segundo caso se encuentra en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. El 23 de septiembre fue detenido el presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, también de Morena, acusado de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

El contexto de Juchitán resulta especialmente revelador. Días antes, la vivienda de Elvis Guerra, artista y diseñador textil zapoteco que participó en la elaboración del atuendo utilizado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la ceremonia del Grito de Independencia, fue atacada a balazos después de negarse a pagar un cobro por 200 mil pesos y pidió a la Presidenta que volteara a ver a Juchitán, al señalar que la violencia ha provocado incluso el desplazamiento de habitantes del municipio.

Aquí nuevamente se observa la actuación de la autoridad ante un hecho que adquirió relevancia mediática. Además, una vez realizada la detención del alcalde, la presidenta recibió al diseñador junto con el secretario de Seguridad. Esto lleva a preguntarse si la cercanía con el poder político puede influir en la rapidez con la que actúan las autoridades.

Tequila y Juchitán muestran así dos dimensiones de un mismo desafío. La primera es criminal: organizaciones que han encontrado en la extorsión una fuente permanente de ingresos y un mecanismo de control territorial. La segunda es institucional: gobiernos municipales que, por debilidad, corrupción o captura de determinadas áreas, pueden convertirse en espacios vulnerables frente al crimen organizado.

Pero también envían una señal menos favorable: a pesar de la actuación de la autoridad, queda la percepción de que no todos tienen las mismas posibilidades de obtener una respuesta oportuna del Estado. Esto resulta preocupante porque exhibe las dificultades de un sistema de justicia que debería actuar con la misma eficacia independientemente de quien denuncie.

Iván Arrazola es analista político e integrante de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC