El Estado que encarece y desatiende la salud

Columnas lunes 28 de septiembre de 2026 -

La eficacia de los derechos fundamentales actúa también sobre las relaciones entre particulares, de modo que cuando la parte más fuerte puede afectar el derecho de la más débil, el Estado tiene un deber de protección innegable. Bajo esa lógica -la eficacia horizontal de los derechos- debemos observar lo ocurrido con los cerca de 15millones que en México sostienen con su bolsillo un seguro de gastos médicos, porque el derecho a la protección de la salud, que el artículo 4 constitucional reconoce a toda persona y no a ciertos segmentos, no se desvanece por ejercerse frente a una aseguradora y no ante un hospital público.

La realidad es que esos millones de personas se ven obligadas a contratar un seguro privado de gastos médicos para atender sus padecimientos de salud, porque el sistema público dejó de alcanzarles, al grado de que, según fuentes disponibles, 7 de cada 10 personas que enfermaron entre el periodo 2018-2024 debieron atenderse en consultorios privados, farmacias o por su cuenta, mientras el gasto de bolsillo de los hogares crecía más del 40% y las esperas públicas triplicaban las del privado. Quienes contratan un seguro asumen una carga que correspondería al Estado y lo relevan de ella, de suerte que de quien recibe semejante alivio cabría esperar, cuando menos, que no agravara la situación de quien se lo procura.

Lejos de ello, el Estado mexicano encareció el precio de asegurarse mediante una decisión fiscal insensible, pues hasta el año pasado la aseguradora que cubría el impuesto al valor agregado de un siniestro atendido en un hospital lo recuperaba ante el fisco y el gravamen resultaba neutro, pero la Ley de Ingresos para 2026 le retiró ese acreditamiento y lo convirtió en un costo que las compañías trasladaron a las primas, ya elevadas este año entre 20y 75%, y hasta 60% a las personas mayores, en un país con una inflación médica de las más altas del mundo.

Y a ese encarecimiento se añade su pasividad, pues desde principios de 2026 duerme en comisión en la Cámara de Diputados la iniciativa que pondría un límite a esos aumentos y obligaría a racionalizar los costos hospitalarios. Desde luego que la Constitución no impone fijar el precio de un seguro, sino que, activado como está el deber de protección, difícilmente el Estado puede permanecer de brazos cruzados mientras la parte fuerte de esa relaciónmantiene una anarquía inflacionaria que erosiona el derecho a la salud de la débil, tanto más cuando cerca de 3millones se hallan hoy en riesgo de perder su cobertura.

En contraste con esta urgencia, vale la pena voltear a ver las prioridades de nuestro Congreso. Mientras la iniciativaque remedia los abusos de las aseguradoras sigue congelada, el pasado 22 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó la prohibición de doble nacionalidad para ocupar el Ejecutivo federal y los ejecutivos locales, y el Senado, discutía si debe restituirse el ascenso y descenso en la LigaMx de futbol. A un gobierno que se ostenta del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, cabe hacerle una pregunta, ¿acaso no son pueblo esos 15 millones de personas?

Obiter dicta.

El reclamo es de fondo, que nuestros representantes dejen de gobernar para la coyuntura política y comiencen a hacerlo para la gente, que ordenen sus urgencias por lo que la ciudadanía necesita y no por la oportunidad política o los aplausos, y que la salud de esos 15 millones, hoy a la deriva, deje de ser un asunto que puede esperar.