@onelortiz
https://youtu.be/E3cMe3Gcj20?si=7gPqFewsn77oov4U
Se cumplieron doce años de los trágicos acontecimientos y desapariciones de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. Las cosas están así: por una parte, la demanda de justicia de familiares y normalistas sigue viva; por la otra, se repiten las promesas gubernamentales, mientras las investigaciones siguen empantanadas y la justicia, ausente.
La novedad de este año fue la detención y procesamiento del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por presuntamente entorpecer la investigación y ocultar información. Los que seguimos este caso desde hace 12 años sabíamos desde un principio que Ángel Aguirre y su fiscal tenían información muy valiosa sobre los acontecimientos y respecto a lo ocurrido con los normalistas, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRD lo protegieron hasta que lo obligaron a renunciar. Sin embargo, durante 12 años no se había realizado acción judicial en su contra.
Esta detención tiene un tufo de conveniencia política. Qué bueno que detuvieron a Ángel Aguirre; que entregue la información que ocultó o informe qué datos destruyó, para que sea juzgado por estos hechos. Sin embargo, dicha aprehensión también aparece como un nuevo chivo expiatorio, un tributo para calmar los ánimos y las protestas de familiares y normalistas en el contexto de este aniversario.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto se trató de cerrar el tema con la llamada “verdad histórica”. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se detuvo y procesó al autor de la “verdad histórica”, el exfiscal Jesús Murillo Karam. En este gobierno, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estuvo presta a exculpar a integrantes de las Fuerzas Armadas de las desapariciones y ahora, como sabemos, inició el proceso en contra de Ángel Aguirre. Hay más política que justicia en estas acciones. Hay más demagogia que investigación. Han pasado 12 años y parece que cada vez estamos más lejos de la verdad, lo cual no sólo es una afrenta para los familiares de las víctimas, sino una vergüenza como sociedad.
El viernes previo a la conmemoración pasé por el Centro Histórico. Los principales edificios lucían con altas vallas metálicas. Una imagen terrible, pero que ilustra la falta de diálogo y de buena política entre la protesta social y el gobierno. Al día siguiente transcurrió una manifestación más, encabezada por los familiares de los desaparecidos. ¿Qué se podría hacer respecto al caso Ayotzinapa? ¿Empezar de cero? ¿Volver a traer un grupo de expertos? ¿Un nuevo fiscal especial? No tengo respuestas a estas preguntas, pero estoy seguro de que se debe seguir buscando el paradero de los 43 normalistas.
Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.