¿Lavado de dinero para ganar contratos en Tamaulipas?

Columnas viernes 25 de septiembre de 2026 -

Claudia Bolaños

Y Sepa la Bola… pero la investigación contra el exfuncionario y ahora proveedor en Tamaulipas: Ricardo Azael Casanova, abrió un expediente judicial que rebasa la actuación de un empresario en contratos con gobiernos y uso de recursos de procedencia ilícita.

Las pesquisas describen un modelo de contratación que sobrevivió al relevo partidista en Tamaulipas, mantuvo acceso a dependencias con presupuestos millonarios y colocó bajo revisión el origen y destino de recursos vinculados con varias compañías.

Casa Casve MX recibió asignaciones durante el gobierno panista de Francisco García Cabeza de Vaca. Grupo ID REC obtuvo contratos bajo la administración de Américo Villarreal. Ambas empresas quedaron relacionadas con Casanova, quien conservó presencia en áreas responsables de compras públicas pese al cambio político, pero ahora investigado por lavado de dinero y cohecho.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción detectó en sus investigaciones que hay cohecho, simulación de actos jurídicos, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones y facultades.

Al menos cuatro carpetas también alcanzaron a sus contadores ante instancias especializadas en recursos de procedencia ilícita, corrupción y atención a mujeres, niñas y niños.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno revisó expedientes de otras 19 empresas relacionadas con el mismo proveedor. Ese dato desplazó el centro del caso: ya no bastaba conocer cuánto cobraron las compañías, sino cómo lograron competir, recibir contratos y acreditar activos bajo administraciones distintas.

Las empresas vinculadas con Casanova acumularon más de 350 millones de pesos mediante contratos con la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Grupo ID REC fue constituida el 24 de septiembre de 2022, siete días antes del inicio del gobierno actual.

Tres años después recibió 14 millones 660 mil 952 pesos por seguridad informática y antenas de internet satelital.

Casa Casve MX y Grupo ID REC participaron en un mismo procedimiento. La primera ofreció 4.9 millones de pesos; la segunda, 4.2 millones.

La relación de ambas con el mismo empresario colocó bajo sospecha la competencia de una contratación restringida que presentó como rivales a compañías del mismo entorno.

La carpeta 175/2026 siguió la ruta financiera. La Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita solicitó estados de cuenta de Casa Casve MX de 2023, 2024 y 2025, incluidas cuentas en dólares.

El objetivo fue establecer el destino de los fondos y localizar transferencias hacia otras empresas o personas.

El rastreo alcanzó a Maniflosa. Esta compañía obtuvo un contrato superior a 309 millones de pesos para equipamiento médico

. De esa suma, 199 millones habrían sido pagados cuatro días después de la firma, pese a cuestionamientos sobre los documentos que debían acreditar la recepción del equipo.

Ninguna empresa se adjudica contratos ni libera recursos públicos por sí misma. Hubo funcionarios que solicitaron servicios, elaboraron invitaciones, evaluaron propuestas, autorizaron convenios, validaron entregas y ordenaron pagos.

La revisión de esa cadena resulta indispensable para establecer tráfico de influencias, colusión o responsabilidades administrativas y penales.

El caso puso a prueba al gobierno de Américo Villarreal. Una parte del dinero fue asignada durante su administración, lo cual impidió reducir el expediente a una herencia del sexenio anterior.

La investigación tendrá alcance real cuando identifique a quienes cobraron, pero también a quienes abrieron las puertas del presupuesto, validaron montos o aceleraron pagos.

Los registros podrán revelar el recorrido del dinero, pero los contratos mostrarán su dimensión política y la estructura que permitió su operación con presuntos recursos de procedencia ilícita de Ricardo Azael Casanova y se volorará en la Unidad de Inteligencia Financiera si se congelan sus cuentas.

Y Sepa La Bola... pero Somos llegó a la herradura de la democracia con críticas a la colegialidad del INE y abrió una pregunta: ¿busca respuestas o una tribuna para hacer promoción partidista?

Guadalupe Taddei respondió que se incorporaron sus puntos al orden del día, aun sin la documentación requerida. Recordó además que la Secretaría sigue dentro del plazo fijado para responder: el 25 de septiembre.

Exigir información es legítimo; presentar como negativa una respuesta que todavía está en tiempo es otra cosa.

La colegialidad, dijo, no vive sólo en las áreas ejecutivas. Está en el Consejo General, las comisiones y los órganos locales y distritales, donde los partidos participan en la construcción de acuerdos. Mientras Somos intenta fijar su relato, el proceso electoral 2026-2027 avanza con el trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Al final, la confianza en el INE la deposita la ciudadanía, no quienes aprovechan cada micrófono para desacreditarlo.