Las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados concluyeron las audiencias públicas para el análisis del proyecto de dictamen a la minuta que reforma y adiciona disposiciones a la Ley de Amparo, donde varios se pronunciaron porque se debe de analizar más esta reforma que podría afectar la aplicación de la justicia.
Este lunes se realizó la última de las mesas, denominada “Suspensión y otros temas”, en la que participaron académicos, abogados y especialistas.
El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Julio César Moreno Rivera, destacó que el tema central fue la suspensión del acto reclamado, considerada un elemento medular del sistema jurídico mexicano.
Recordó que la iniciativa presidencial plantea modificaciones a diversos artículos de la ley con el fin de establecer un marco normativo más detallado para el trabajo judicial, y precisó que no procederá la suspensión en casos relacionados con recursos de procedencia ilícita o afectaciones al sistema financiero.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, reconoció las aportaciones de más de 30 ponentes que participaron durante tres días de audiencias y cuyas propuestas serán consideradas en la elaboración del dictamen.
Durante las intervenciones de legisladores, el diputado Leonel Godoy Rangel aseguró que la reforma no elimina el juicio de amparo y pidió mantener un debate técnico y sin prejuicios.
La diputada Mariana Benítez Tiburcio subrayó que el proceso fue abierto y deliberativo, mientras que José Narro Céspedes señaló la importancia de incorporar el interés social y el orden público como criterios judiciales.
Del Partido Acción Nacional, la diputada Margarita Zavala llamó a profundizar en el análisis de la iniciativa, al advertir sobre posibles afectaciones al acceso a la justicia. El diputado Federico Döring planteó revisar la relación entre el interés público y la independencia judicial.
Por el Partido Verde Ecologista de México, las diputadas María Luisa Mendoza Mondragón y Liliana Carbajal Méndez destacaron la importancia de fortalecer el marco jurídico sin vulnerar los derechos ciudadanos. En tanto, representantes del Partido del Trabajo, como los diputados Francisco Javier Guízar Macías, Ricardo Mejía Berdeja y Mary Carmen Bernal, coincidieron en la necesidad de que la ley garantice equilibrio entre el interés colectivo y los derechos individuales.
En la participación de especialistas, la magistrada Ileana Moreno Ramírez advirtió que las reformas podrían generar confusión en torno al concepto de suspensión, mientras que el abogado Roberto Gil Zuarth consideró que la propuesta representa un retroceso al debilitar la protección del gobernado frente al poder público.
Otros ponentes, como Luisa Conesa, Juvenal Lobato y José Ángel Santiago, coincidieron en que los nuevos criterios sobre el interés público y los requisitos adicionales para otorgar la suspensión podrían restringir el acceso efectivo a la justicia.
Asimismo, representantes del sector empresarial, como Raúl Sapién y Gabriel Pérez Ríos, alertaron sobre los posibles impactos económicos de limitar la suspensión en el juicio de amparo, al reducir la certeza jurídica y la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.
El especialista Sergio Valls Esponda destacó que la Ley de Amparo debe seguir siendo una norma procesal que garantice seguridad y libertad al ciudadano, e invitó a los legisladores a aprovechar la oportunidad para incorporar mecanismos alternativos de solución de controversias dentro del marco legal.