El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decretó este lunes como de “interés público y de seguridad nacional” los proyectos de infraestructura y las obras de su administración que estén asociados a sectores como comunicaciones, energía, ferrocarriles, entre otros, lo que fue considerado como un “abuso”, de instaurar la “discrecionalidad” y de ser “inconstitucional” por parte de académicos y políticos.
Consideraron que varios de los proyectos de la 4T no cumplen con los requisitos de ley para su realización, y previeron impugnaciones y amparos en su contra.
Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, afirmó que con este acuerdo el gobierno federal decreta el fin de la transparencia y datos abiertos de los mega proyectos de infraestructura.
Además, dijo, se instruye a las dependencias a otorgar las autorizaciones, permisos o licencias provisionales necesarias en cinco días, pero en todas habrá “afirmativa ficta”.
“Y bueno, ya que tengan la autorización provisional, tendrán 12 meses para pedir la definitiva. ¿Qué se busca con esto? Todo el poder, supongo?, cuestionó en Twitter.
“Este decreto del Presidente es evidentemente inconstitucional”, dijo en Twitter el ministro en retiro, José Ramón Cossío.
El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, calificó de “abuso y discrecionalidad total” el acuerdo, y expresó que “esto es de alarma”.
La senadora priista Claudia Anaya señaló que los proyectos del Presidente no cumplen los requisitos de Ley, y que “por ello el gobierno se auto dispensa todos los trámites para sus obras”.
En tanto, la activista Martha Tagle, en un mensaje en sus redes sociales, manifestó: “Al presidente López Obrador le estorban los otros Poderes, a él le basta para ‘gobernar’ el Ejército y la opacidad y discrecionalidad del presupuesto”.
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