Democracia sin Constitución

Columnas jueves 01 de julio de 2021 -

Francisco Castellanos

Que no puede haber democracia sin Constitución es una verdad jurídico-política tan evidente en sí misma que no requiere mayores argumentos.

Basta entender que la democracia en la vertiente de mecanismo para elegir a representantes populares que adopten políticas públicas concretas para atender las necesidades sociales; así como en la vertiente de sistema que protege los DDHH y sostiene el Estado de Derecho, son vinculantes para el poder político únicamente cuando ambas están reconocidas en una norma jurídica, y son protegidos por ella misma, esa norma es la Constitución.

¿Entonces cómo es posible hablar de una democracia sin Constitución? La democracia sin Constitución es el fenómeno que surge cuando las personas que han sido electas legítimamente por la sociedad para ocupar los cargos públicos con la toma de decisiones más importante –es decir: democráticamente-, comienzan a debilitar a las instituciones; a violar los DDHH y, finalmente, a hacerle agujeros al Estado de Derecho desde dentro del propio régimen político-jurídico de un Estado que les permitió alcanzar el poder.

¿Cuál es el fundamento para vaciar la Constitución desde una posición originalmente democrática? La base de quienes detentan poder democráticamente pero que con el sistema de dominación afectan profundamente los pactos constitucionales, es una vieja fórmula utilizada por líderes políticos de distintas épocas y países, pero que comparten una cualidad: el populismo autoritario. Este modelo político asume que encarna –normalmente en una sola persona o grupo de poder- la voluntad total y monolítica del pueblo como expresión última de lo soberano.

El argumento parece impecable, si la Constitución y el Estado mismo se establecieron por y para el pueblo, éstos no pueden ser obstáculo para que los representante populares ejecuten lo que el pueblo quiere. Sin embargo, esta afirmación es una falacia porque presenta 2 premisas falsas como si fueran verdaderas.

1. Una mayoría electoral -por muy amplia que sea- que le dio el triunfo a un grupo político, no representa a todo el pueblo, es cierto que gobierna para tod@s, pero no es la voz de tod@s. Esto es más cierto hoy en las sociedades plurales actuales que se caracterizan por ser heterogéneas.

2. Ningún gobierno o poder personaliza o encarna a la voluntad popular. El pueblo y su voluntad está en la Constitución, que protege los distintos pactos que han sido establecidos mediante una línea histórica de tiempo y contexto socio-político.

Cuando alguien debilita las instituciones; desestima el valor de los DDHH y diluye el Estado de Derecho, bajo el argumento de que esa es la voluntad del pueblo, en realidad, está equiparando a millones de personas pertenecientes a muchísimas generaciones y procesos político-sociales complejos, con una mayoría relativa electoral arrojada en una elección específica; consecuentemente, ese argumento es una falacia implementada, como sostuvo Carl Schmitt, con la finalidad de ejercer un poder sin control más allá de la Constitución y, por lo tanto, a costa del pueblo.