Por Luis Carlos Rodríguez G.
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La mayor parte de las entidades del país, incluida la Ciudad de México, se encuentran en un proceso de “pulverización” o distracción de sus Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS), al delegarles para investigación de otros delitos como narcomenudeo e incluso homicidios, lo cual afectará gravemente el combate a este ilícito en el país.
Destacó un análisis de la organización Alto al Secuestro, de Isabel Miranda de Wallace, que expuso las Unidades Antisecuestro fueron creadas en 2017 para lograr especialización en la atención de este delito, con Ministerios Públicos, policías, peritos y asesores jurídicos, se encuentran en fase de ser utilizadas para otras funciones, a pesar de que con la “Nueva Normalidad” por la pandemia ya se registra un leve incremento en dicho delito.
De acuerdo con la estadística de esta organización, durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador; es decir, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2020 se han registrado 2 mil 768 secuestros en el país. De ellos, Veracruz es el primer lugar con 607 plagios; seguido del Estado de México, con 460; Ciudad de México, con 274, y Puebla, con 133 casos.
“Al paso del tiempo y darse cuenta de que las Unidades daban resultados, acordaron todas las entidades y la federación el delegar la atención del delito de extorsión a prácticamente 80 por ciento de las Unidades en todo el país”, se añade.
Se expone “lo que hoy es preocupante es que además de atender secuestros y extorsiones, varios estados, entre ellos la Ciudad de México, estén realizando reformas para que las llamadas UECS atiendan otros delitos de alto impacto como narcomenudeo, trata de personas o incluso homicidios que a consideración del Fiscal sean relevantes”.
La organización no gubernamental indicó que dicha decisión se pierde la especialización y se pulveriza el esfuerzo que se ha dado tanto en recursos como en capacidades para que un delito tan grave como el secuestro sea atendido de forma prioritaria, ya que muchos de los agentes y ministerios públicos que la integran han recibido capacitación en el extranjero, sobre todo en naciones como Colombia, Estados Unidos e Israel.
“Hacemos un llamado a las fiscalías y a los Congresos estatales, a fin de que no se pierdan las Unidades Especializadas en el Combate al Delito de Secuestro y, por el contrario, se les fortalezca con infraestructura, equipamiento, tecnología, bonos de riesgo a sus integrantes, permanencia, profesionalización y capacitación para que cumplan adecuadamente con su objetivo que es erradicar el delito de secuestro”.
De acuerdo con un informe de la Cámara de Diputados “el secuestro en México se ha convertido en una industria que ha logrado permear en todos los sectores de la sociedad”.
Anteriormente el secuestro era un delito cometido contra personas de sectores con bienes y recursos que permitieran llevar a cabo la negociación para la obtención de un rescate que generara jugosas ganancias; actualmente cualquier persona, cualquier familia puede ser objeto de este tipo de ilícito pues se han generado diversas modalidades del mismo que permiten realizarlo con mayor frecuencia, menor riesgo para quienes lo ejecutan y por consiguiente con mayor impunidad.
El 5 de septiembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se crea la Unidad para el Combate al Delito de Secuestro y se establecen sus atribuciones. Dichas unidades funcionarán, como la instancia de inteligencia encargada de la ejecución y supervisión de las acciones policiales que apoyen las investigaciones relacionadas con este delito.
Se añade que Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) fue creada en enero de 2014 con la misión de coordinar y dar seguimiento a las acciones de las distintas dependencias responsables de la seguridad pública del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas. En resumen, supervisa y evalúa el trabajo de las 32 Unidades Antisecuestro del país, quienes tienen como función atender a las víctimas de secuestro y extorsión telefónica en cada entidad federativa, así como investigar y perseguir el delito de secuestro en sus entidades.
Alto al Secuestro expuso a su vez que en el mes de julio de este 2020, es decir en el proceso a la nueva normalidad en el país, se registró un incremento de 3.3 por ciento en las carpetas de investigación abiertas por este delito.