Nacionalidad no es lealtad

Columnas lunes 07 de septiembre de 2026 -

La reforma constitucional que propone la nacionalidad única para quien encabeza un Ejecutivo no debería discutirse desde el patriotismo ni desde la sospecha sobre esta o aquella persona, sino con una perspectiva racional. La reforma no solo prohíbe conductas durante el cargo, sino que mueve los artículos 82, 116 y 122 para exigir que quien aspire a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de la CDMX, no tenga otra nacionalidad.

Reconozco el fin, porque quien encabeza el Ejecutivo federal manda sobre la fuerza pública y representa a México, así que cuidar la independencia de esa función me parece legítimo. Pero un buen propósito no avala cualquier medio. Aquí la reforma, desde mi óptica, confunde dos cosas muy distintas. Tener otra nacionalidad es una identidad, y detrás de esa palabra hay gente de carne y hueso, quien nació lejos, quien desciende de la migración, quien volvió del exilio, familias partidas entre dos países.

En cambio, ocupar un cargo en otro Estado, jurarle obediencia o ampararse en su protección es una elección con fines políticos. Pertenecer a dos comunidades no es servir a dos amos, y si el peligro está en lo que alguien hace, lo que debería regularse es la conducta y los actos que la misma despliega, pero no los orígenes.

Quizás, lo que más llama la atención es que la iniciativa se desmiente sola, porque ya prohíbe las conductas de riesgo, usar un pasaporte extranjero, invocar protección diplomática o ejercer derechos políticos ante otro Estado. Si eso ya está regulado, cerrar encima la candidatura de una persona binacional no agrega nada, salvo castigar una identidad. Cuando hay un camino menos restrictivo, y aquí lo hay en el mismo texto, escoger el más severo no me parece proporcional, sino intrusivo con el sentido de los derechos.

Me cuesta, además, aceptar la premisa de fondo, que quien tiene dos nacionalidades, llegado el conflicto, traicionará a México. Una sospecha abstracta no debería alcanzar para borrar una candidatura, y distinguir por el origen nacional, categoría sospechosa según el artículo 1 constitucional, exige mucho más, como pide la Corte Interamericana desde Castañeda Gutman contra México, que toda restricción del derecho a ser votado sea necesaria y proporcional, no apenas conveniente.

Hay algo más que debemos destacar, la marcha atrás a la progresividad de los derechos. México reconoció la doble nacionalidad para no obligar a millones a renegar de una parte de sí mismos, y recortar hoy ese estatuto pide una explicación que todavía no se expresa.

Estas reservas vienen de otro mundo, el de las guerras y los imperios que se apropiaban de las lealtades como quien anexa un territorio. Para revivirlas hoy tendríamos que probar riesgos reales, captura extranjera o doble función pública incompatible, y mientras no se prueben, una regla presentada como defensa de la soberanía termina apretando los derechos políticos de las personas; de ahí que buscar la defensa de la independencia y la soberanía mediante la amputación de derechos fundamentales y la democracia suene distópico y aberrante.

No digo que un conflicto de lealtades no pueda existir; sostengo que hay que demostrarlo primero, y explicar por qué no basta perseguir las conductas incompatibles y por qué la única salida sería excluir, de entrada, a quien nació con dos orígenes. Y a mí me parece que la soberanía no se cuida sospechando de la gente por su origen, sino gobernando con razones.

Obiter dicta.

Una democracia no debería medir la lealtad por el color del pasaporte, sino por la conducta que se despliega.