Hablar del presupuesto puede parecer hablar de cifras enormes, porcentajes y documentos que pocas veces llegan a las manos de la gente, pero detrás de cada peso que se discute en la Cámara de Diputados existe una decisión que termina impactando la vida cotidiana de millones de familias mexicanas.
El pasado 8 de septiembre el Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 y con ello comenzó uno de los debates más importantes del año, porque aprobar un presupuesto no significa únicamente repartir recursos, significa decidir cuáles serán las prioridades del país y hacia dónde queremos caminar como nación.
El proyecto plantea para 2027 un gasto neto total superior a los 10.6 billones de pesos, con un crecimiento real de 1.1 por ciento respecto de lo aprobado para 2026; detrás de esa cifra hay algo mucho más importante, está el dinero destinado a mejorar las escuelas de nuestras niñas y niños, los hospitales donde se atienden nuestras familias, las pensiones de nuestros adultos mayores, los programas sociales, la seguridad de nuestras comunidades y las oportunidades para quienes todos los días salen adelante con su trabajo.
Me parece importante destacar que el proyecto propone más de 576 mil millones de pesos para Educación Pública, más de 697 mil millones para Bienestar y cerca de 194 mil millones para los Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, también se contemplan incrementos reales en áreas como agricultura, infraestructura, medio ambiente, ciencia e innovación, seguridad y políticas para las mujeres.
Tengo claro que el presupuesto debe mirarse con los pies puestos en el territorio, quienes lo caminamos, sabemos que una cifra escrita en un documento adquiere otro significado cuando hablamos con una madre que necesita atención médica para sus hijos, con una persona adulta mayor que depende de su pensión para subsistir, con una persona con discapacidad que sigue enfrentando barreras para conseguir un empleo digno o con comerciantes y familias trabajadoras que todos los días se levantan temprano para sacar adelante su hogar. Ahí es donde entendemos que el presupuesto no puede construirse solamente desde un escritorio, tiene que responder a la realidad que vivimos en nuestros barrios, colonias, pueblos y comunidades.
El proyecto contempla más de 5.38 billones de pesos para desarrollo social, un crecimiento real de 5.8 por ciento respecto de 2026, esto significa continuar colocando a las personas en el centro de las decisiones públicas y defender una política en la que el desarrollo no sea privilegio de unos cuantos, sino bienestar compartido, reflejando con ello el proyecto de nación que se ha construido. Las y los diputados tienen la obligación de revisar cada rubro con seriedad, escuchar las distintas voces y cuidar que los recursos públicos se utilicen con responsabilidad, transparencia y sentido social.
Porque un presupuesto responsable no se mide solamente por cuánto dinero se asigna, sino por la capacidad que tiene para transformar la vida de las personas, se mide cuando una familia encuentra atención médica, cuando una niña o un joven puede continuar estudiando, cuando una persona adulta mayor tiene tranquilidad gracias a su pensión y cuando las comunidades cuentan con mejores servicios, ahí es donde el presupuesto deja de ser una cifra y se convierte en una herramienta de justicia social.
Durante las próximas semanas vendrá una discusión intensa y habrá distintas posiciones, como corresponde a una democracia, pero para mí existe un principio que debe estar por encima de cualquier diferencia: el dinero público es dinero del pueblo y debe regresar al pueblo convertido en derechos, servicios, infraestructura y oportunidades.
Quienes venimos del barrio sabemos perfectamente cuánto cuesta cada peso y también sabemos que cuando el presupuesto llega a donde verdaderamente hace falta, no estamos hablando solamente de números, estamos hablando de cambiar vidas.
María Rosete.