Tras más de 30 horas de audiencia, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega resolvió vincular a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, junto con otras siete personas detenidas en el mismo operativo. El exmandatario permanecerá en el penal del Altiplano bajo prisión preventiva oficiosa.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Ruffo de participar en un esquema de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. De acuerdo con la investigación, se detectaron operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de derivados del petróleo, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas para evadir impuestos.
La fiscal general Ernestina Godoy calificó el caso como “la mayor red de huachicol fiscal detectada en México”, señalando que el exgobernador formaba parte de una estructura dedicada a introducir combustible al país bajo mecanismos fraudulentos.
La audiencia se prolongó debido a múltiples recesos y sesiones privadas, pero finalmente se determinó que el proceso judicial continuará contra Ruffo y los demás implicados, quienes enfrentarán cargos por delitos de alto impacto relacionados con el contrabando de combustible.