El gobierno federal de Estados Unidos atraviesa ya 35 días de paralización y está a punto de registrar el cierre más prolongado en su historia, luego de que el Senado rechazara nuevamente una medida provisional para reabrirlo.
La suspensión de actividades provocó que expiraran los fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), dejando sin recurso alimenticio a 42 millones de ciudadanos que dependen de esta ayuda federal.
Si bien los departamentos de Agricultura y Justicia explicaron que utilizarán un presupuesto de emergencia para mantener la entrega de los bonos, el presidente Donald Trump insistió en su red social Truth Social en que las ayudas “solo se entregarán cuando los demócratas reabran el gobierno”.
La asfixia financiera se agrava: además de la crisis alimenticia, se anuncian aumentos en las primas de los programas sanitarios para 2026 por la finalización de subsidios, lo cual amplía el impacto social y político del cierre.
La contienda entre republicanos y demócratas se intensifica. Los primeros condicionan la apertura del gobierno al veto de ayudas a inmigrantes indocumentados, mientras los segundos señalan que la negativa a votar por la reapertura responde al rechazo a renovar los subsidios de salud y evitar nuevas cargas para los ciudadanos.
La prolongación del cierre no solo golpea la vida cotidiana: aeropuertos reportan cancelaciones y retrasos por falta de controladores aéreos en activo, y el récord de duración del cese de operaciones en 2018-2019 ya fue alcanzado.
El escenario apunta hacia una escalada en el costo político y social de la crisis fiscal estadounidense, con millones de personas atrapadas en la espera de una solución que aún no vislumbra salida clara.