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Gobierno capitalino aclara alcance de acuerdo sobre demoliciones tras accidente en la colonia Tránsito

Gobierno capitalino aclara alcance de acuerdo sobre demoliciones tras accidente en la colonia Tránsito

Ciudades miércoles 18 de marzo de 2026 -

Por Federico Reyes

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Vivienda, fijó su postura respecto a las responsabilidades en materia de demoliciones, luego del siniestro ocurrido en un inmueble de la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, donde murieron tres trabajadores.

El titular de la dependencia, Inti Muñoz Santini, explicó en conferencia de prensa que el acuerdo de facilidades administrativas relacionado con procesos de reconstrucción no modifica las atribuciones legales de las alcaldías ni sustituye las obligaciones establecidas en la normativa vigente.

“Hay una interpretación equivocada de lo que tal vez no se entiende o no se conoce. El acuerdo de facilidades administrativas para obras relacionadas con la reconstrucción, en sus distintas actualizaciones anuales y como lo establece la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, es un mecanismo que busca agilizar el inicio de las labores de demolición de edificios en alto riesgo estructural”, sostuvo.

El funcionario enfatizó que este instrumento se aplica dentro del marco jurídico vigente, sin contravenir leyes ni disposiciones constitucionales. “Como lo dice claramente la propia ley, esto no está por encima de ninguna disposición de carácter legal y por supuesto no está por encima de la Constitución”, agregó.

Asimismo, subrayó que el acuerdo no representa una autorización automática ni exime a las autoridades de cumplir con sus funciones de supervisión y verificación. “La aplicación del acuerdo de facilidades no es una licencia y no exime a las autoridades competentes de llevar a cabo, a pie juntillas, sin interpretación de por medio, lo que señala la ley orgánica, el reglamento de construcciones, en materia de la obligación de verificar, supervisar las obras, asegurarse de que tengan medidas de seguridad y, en determinados casos específicos, dar licencia para una demolición”, puntualizó.

Muñoz Santini precisó que, aunque el acuerdo simplifica algunos trámites administrativos, las obligaciones legales permanecen vigentes. “El acuerdo de facilidades exenta algunos trámites de carácter complementario pero no exime de la aplicación de las obligaciones en materia de ley, las cuales son ineludibles e inobjetables, claras y precisas”, indicó.

En relación con el caso de San Antonio Abad 124, informó que desde el primer momento se estableció contacto con los familiares de las víctimas, quienes ya reciben apoyos por parte de la empresa responsable de la obra, bajo la supervisión de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. “Se estableció contacto con las familias de las víctimas del derrumbe de San Antonio Abad 124, ocurrido el pasado 9 de marzo, quienes han comenzado a recibir los apoyos correspondientes por parte de la empresa encargada de la demolición; esto bajo la supervisión de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”.

El titular de la Secretaría de Vivienda reiteró que las responsabilidades en los procesos de demolición están claramente definidas en la ley, señalando que corresponde exclusivamente a las alcaldías verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de construcción y demolición.

Como antecedente, explicó que en octubre de 2025 un particular solicitó adherirse al acuerdo de facilidades para intervenir el inmueble siniestrado. Dicha solicitud fue revisada por la Comisión para la Reconstrucción, donde se determinó su procedencia en términos de exención de algunos pagos y trámites administrativos.

“Se informa que el particular solicitó adherirse al acuerdo de facilidades, ¿cuáles son esas facilidades? La exención de algunos pagos de derechos y de algunos trámites secundarios. Sin embargo, la autoridad debe revisar lo que le corresponde conforme a derecho. Todo eso está especificado en la leyenda al final que indica los preceptos de ley que deben ser seguidos”.

Posteriormente, se notificó el otorgamiento de estas facilidades sin que ello implicara liberar a los responsables del cumplimiento de requisitos legales. También se informó que en noviembre de 2025 se tenía conocimiento del inicio de la obra y se realizó una verificación donde se presentó el dictamen que justificaba la demolición.

Finalmente, el Gobierno capitalino reiteró que ha actuado conforme a derecho y aseguró que continuará colaborando con las autoridades competentes. Indicó además que se dará seguimiento a las investigaciones en curso por parte de la Fiscalía, donde se aportarán pruebas documentales para determinar responsabilidades.

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M/CR

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