La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó la Estrategia Integral contra el Despojo de Inmuebles en la CDMX, que contempla penas de hasta 22 años de cárcel sin derecho a fianza para quienes cometan este delito, en especial si hay agravantes como el uso de violencia, la participación de servidores públicos o la afectación a personas vulnerables.
Durante el anuncio, Brugada calificó este crimen como “uno de los más graves y dolorosos” que enfrenta la capital, por su impacto en familias, comunidades y víctimas en situación de vulnerabilidad. El delito, dijo, está ligado a vacíos legales, corrupción y redes criminales.
Entre las acciones clave destaca la creación del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, que operará con instituciones como el Poder Judicial, la Fiscalía capitalina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Registro Público de la Propiedad y la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.
Además, se anunció la formación de una Unidad Operativa Especializada Contra el Despojo, adscrita a la Secretaría de Gobierno, que atenderá cada caso de forma inmediata y con enfoque interinstitucional.
Reforma legal: más años de cárcel y castigo a cómplices
Como parte de esta estrategia, el gobierno capitalino presentará un paquete de reformas legislativas que:
• Aumenta las penas de 6 a 11 años para casos sin agravantes.
• Eleva la sanción de 12 a 22 años de cárcel sin derecho a fianza cuando se involucren actos de violencia, simulación jurídica, afectaciones a grupos vulnerables, o la colaboración de notarios y funcionarios.
También se amplía la definición jurídica del despojo para incluir fraudes inmobiliarios, compras simuladas, documentación falsa y daños materiales a la propiedad.
Despojos van en aumento en CDMX
La fiscal capitalina, Bertha Alcalde, informó que en lo que va de 2025 se han registrado 2 mil 245 denuncias por despojo, un aumento del 8 % respecto al año anterior. Las alcaldías con más casos son Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.
Finalmente, Brugada anunció una campaña ciudadana de prevención para informar a la población sobre trámites irregulares y formas de actuar ante intentos de despojo, fomentando la cultura de la legalidad y la defensa del derecho a la vivienda.
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