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El negocio del miedo y la crisis de la seguridad
Columnas
La reciente investigación publicada por POP Lab y CONECTAS sobre los contratos otorgados a la empresa Seguritech constituye una muy importanteaportación periodística al documentar cómo, durante años, gobiernos estatales y municipales han destinado decenas de miles de millones de pesos a la adquisición de sistemas de videovigilancia, centros de control, monitoreo y otras tecnologías de seguridad.
Tan sólo los contratos identificados para esa empresa rebasan los 30 mil millones de pesos. La cifra resulta todavía más significativa si se considera que es apenas uno de los actores más visibles de una industria que ha encontrado en el miedo social una fuente extraordinaria de rentabilidad.
Durante las últimas dos décadas, una parte importante del debate público ha asumido que más cámaras, más monitoreo y más equipamiento equivalen automáticamente a más seguridad. Sin embargo, la evidencia muestra que la tecnología, por sí misma, carece de capacidad para sustituir instituciones sólidas, policías profesionales, ministerios públicos eficaces y sistemas de inteligencia funcionales.
El problema adquiere una complejidad mayor debido al diseño institucional mexicano. Formalmente, el combate al crimen organizado corresponde a la Federación, mientras que la prevención y persecución de los delitos del fuero común recaen en los estados y municipios. En la realidad, sin embargo, esa frontera prácticamente ha desaparecido: en amplias regiones del país, los delitos que afectan cotidianamente a la población -extorsión, homicidio, robo, secuestro, violencia sexual o desaparición de personas- son cometidos, directa o indirectamente, por organizaciones criminales que poseen estructuras territoriales, capacidad económica y control social. La delincuencia común y la delincuencia organizada se han entrelazado.
Esta transformación ha dejado obsoleta una parte importante de la arquitectura institucional de la seguridad pública. Mientras los grupos criminales operan mediante redes flexibles, intercambian información y coordinan actividades a escala regional e incluso internacional, las instituciones públicas continúan fragmentadas por límites administrativos y disputas competenciales.
Por ello, México necesita construir un verdadero sistema nacional de seguridad sustentado en inteligencia compartida, bases de datos interoperables, estándares homogéneos de capacitación, mecanismos comunes de evaluación y esquemas presupuestales que incentiven la cooperación institucional. La coordinación debe convertirse en una lógica permanente de Estado y no en una respuesta coyuntural frente a las crisis.
Al mismo tiempo, resulta indispensable abrir una discusión profunda sobre el rumbo que ha seguido la estrategia nacional durante los últimos años. La creciente militarización de la seguridad pública ha respondido a la debilidad histórica de las instituciones civiles, pero difícilmente puede constituir una solución permanente.
La presunción de inocencia, el debido proceso, el principio pro persona y el respeto irrestricto a los derechos humanos constituyen las condiciones que permiten diferenciar a un Estado democrático de las organizaciones criminales que pretende combatir.
La investigación de POP Lab y CONECTAS revela los límites de una visión que ha confundido la compra de tecnología con la construcción de capacidades institucionales. La seguridad puede apoyarse en herramientas tecnológicas, pero sólo será sostenible cuando descanse sobre instituciones legítimas, coordinadas y capaces de proteger simultáneamente la libertad, la dignidad y la vida de las personas.
Investigador del PUED-UNAM
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/CR
