La disputa detrás de las encuestas

Columnas martes 22 de septiembre de 2026 -

Morena ha encontrado en las encuestas un método eficaz para seleccionar a sus candidatos y, al mismo tiempo, una narrativa política que le permite sostener que las decisiones no corresponden a las dirigencias, los gobernadores o los acuerdos entre grupos, sino al pueblo. La fórmula parece sencilla: se consulta a la ciudadanía y quien obtiene el mayor respaldo encabeza el movimiento.

La dirigencia nacional ha defendido este procedimiento como una manera de evitar las decisiones cupulares y legitimar sus procesos internos; sin embargo, conforme avanzan las definiciones rumbo a 2027, comienzan a aparecer dudas sobre un método que resulta bastante más complejo de lo que sugiere la idea de que simplemente “el pueblo decide”.

Una primera duda tiene que ver con la transparencia de las encuestas, cuyos resultados completos no se han hecho públicos de manera sistemática. Otra se relaciona con las condiciones en las que se desarrolla la competencia, porque los aspirantes no parten del mismo lugar: algunos cuentan con una exposición pública considerable, estructuras territoriales, respaldo de grupos políticos o cercanía con los gobiernos estatales.

A estas dudas se ha sumado un cuestionamiento todavía más relevante porque proviene de uno de los principales aliados de Morena. El Partido del Trabajo sostiene que las primeras cinco coordinaciones anunciadas —Sinaloa, Querétaro, Aguascalientes, Campeche y Colima— fueron producto de acuerdos políticos y no de encuestas, aunque Morena ha sostenido que existieron mediciones.

En aquel momento el PT acompañó las decisiones, pero la diferencia entre ambas versiones resulta significativa: mientras Morena presenta las encuestas como evidencia de que las candidaturas no se deciden mediante acuerdos cupulares, uno de los partidos que forma parte de su propia coalición afirma que las primeras definiciones surgieron precisamente de acuerdos políticos.

La tensión aumentó con las siguientes coordinaciones. Los perfiles seleccionados en Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas y Baja California permiten identificar, con distintos grados y trayectorias, una característica común: su cercanía con grupos políticos que actualmente ejercen el poder en esas entidades. En Guerrero fue seleccionada Beatriz Mojica; en Quintana Roo, Eugenio “Gino” Segura, quien había formado parte del gobierno de Mara Lezama como secretario de Finanzas; en Zacatecas, Verónica Díaz, identificada con el grupo político de los Monreal; y en Baja California, Julieta Ramírez, vinculada políticamente con el grupo gobernante en la entidad.

El caso de Zacatecas terminó por hacer visible un conflicto que hasta entonces Morena había conseguido administrar. El PT respaldaba a Geovanna Bañuelos y cuestionó la designación de Verónica Díaz. El PT decidió pausar su participación en el proceso de selección de coordinadores, al tiempo que sus dirigentes comenzaron a expresar inconformidad no solamente con el procedimiento, sino también con algunos de los perfiles incorporados al movimiento y con la manera en que Morena está procesando las decisiones dentro de la coalición.

El problema adquiere entonces otra dimensión, porque Morena ha demostrado durante los últimos años una considerable capacidad para administrar sus disputas internas. Quien pierde una encuesta puede inconformarse, pero generalmente termina aceptando el resultado, negociando otro espacio o permaneciendo dentro del movimiento. Con sus aliados la relación es diferente: el PT no es una corriente interna que pueda ser disciplinada por la dirigencia de Morena, sino un partido con intereses electorales, estructuras territoriales, candidaturas y representación legislativa propias.

Ahí aparece una de las paradojas derivadas del crecimiento de Morena. Mientras mayor es su fortaleza electoral, mayor es también el número de cuadros internos que reclaman candidaturas y menor puede ser el incentivo para compartir posiciones con el PT o el Partido Verde. Para sus aliados, sin embargo, el cálculo funciona en sentido contrario: si permanecer dentro de la coalición implica respaldar decisiones en las que consideran que tienen cada vez menor capacidad de incidencia, también aumentan los incentivos para utilizar su peso electoral y legislativo como instrumento de negociación.

Por ello, las diferencias actuales no deberían observarse únicamente desde la perspectiva de las gubernaturas que estarán en disputa en 2027. Morena ha necesitado del PT y del Partido Verde para construir las mayorías legislativas que han acompañado su proyecto político, y la importancia de estos partidos aumenta cuando se trata de reformas constitucionales que requieren mayorías calificadas.

Las inconformidades acumuladas durante la distribución de candidaturas pueden reaparecer posteriormente en el Congreso, donde los aliados cuentan con una herramienta de presión mucho más efectiva que una protesta pública: sus votos.

El desafío para Morena rumbo a 2027, por tanto, no consiste solamente en mantener disciplinados a sus aspirantes o demostrar que sus candidatos cuentan con respaldo popular. También tendrá que administrar una relación cada vez más compleja con unos aliados que buscan participar en las decisiones y no únicamente acompañarlas.

Iván Arrazola es analista político e integrante de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC