El gobierno federal alista cambios en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) para dar prioridad en la clasificación de casos relacionados con periodistas, defensores de derechos humanos, niñas, niños, personas con discapacidad e integrantes de pueblos indígenas, con el objetivo de agilizar su búsqueda y atención.
De acuerdo con el proyecto de decreto que establece los Lineamientos para el Funcionamiento del RNPDNO, la medida no implica una preferencia en el seguimiento de los casos, sino una clasificación con base en la vulnerabilidad de las víctimas, a fin de iniciar con mayor rapidez las acciones de localización.
Fuentes de la Secretaría de Gobernación (Segob) explicaron que cada reporte podrá realizarse desde el Portal Público de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en el cual se deberán registrar datos básicos como nombre, edad, sexo, dirección y lugar de la desaparición. Con esta información se generará un Folio Único de Búsqueda, además de un código QR, una URL y una Cartilla de Derechos para dar seguimiento al caso.
En el proceso de clasificación se tomarán en cuenta elementos adicionales como si la persona desaparecida pertenece a la comunidad LGBTTTIQ+, es servidor público o integrante de una organización civil. Bajo este esquema, los reportes se ubicarán en un “semáforo de prioridad” que permitirá a los ministerios públicos estatales iniciar las investigaciones con base en la hipótesis de cada desaparición.
El artículo 25 del documento establece que la falta de información en algún campo no impedirá el registro del caso, lo que garantiza que ningún reporte quede fuera del sistema por datos incompletos.
Sin embargo, colectivos de familiares de desaparecidos han expresado críticas. Nadín Reyes Maldonado, fundadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, advirtió que el actual esquema de clasificación invisibiliza los casos de desaparición forzada, ya que no se contemplan de manera específica en el registro, pese a que en muchos de ellos se presume participación de agentes del Estado.