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INE confirma triunfo de tres candidatos judiciales con acusaciones de violencia; denuncia falta de “investigación exhaustiva”
Nación
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que ninguno de los candidatos ganadores a cargos en el Poder Judicial cuenta con una sentencia firme por violencia que impida su toma de posesión. Sin embargo, señaló que existen candidatos con denuncias por acoso y casos de deudores alimentarios en los que no se realizó una “investigación exhaustiva”.
Las consejerías del INE acusaron que las autoridades jurisdiccionales de diferentes niveles de gobierno no respondieron varios requerimientos necesarios para determinar si alguna candidatura estaba inhabilitada conforme a la iniciativa “8 de 8 contra la violencia”.
La consejera Carla Humphrey destacó tres casos específicos de candidaturas ganadoras con acusaciones pendientes que no pudieron ser plenamente descartadas. El primero es Jaime Vladimir Cisneros de la Cruz, electo magistrado en materia administrativa en Nuevo León, señalado por acosar a sus alumnas a cambio de calificaciones y tomar represalias si negaban sus avances. También tiene denuncias vinculadas al movimiento Me Too.
“Nos enfrentamos a denuncias no judicializadas, pero en un país con altos niveles de impunidad, con una cultura judicial que no defiende a las mujeres y con elementos sumamente rígidos para actualizar la medida 8 de 8, no podemos someter estos señalamientos a un estándar jurídico y probatorio que le arroja una carga sobredimensionada a las mujeres”, expresó Humphrey.
El segundo caso corresponde a Sergio Díaz Rendón, electo magistrado en la Sala Regional Monterrey, quien presuntamente es deudor alimentario. Aunque entregó una constancia que lo acredita como no inscrito en el registro de deudores alimentarios, existe un convenio incumplido relacionado con el pago de pensión alimenticia para un menor.
El tercer caso señalado fue el de Genaro Antonio Valerio Pinillos, candidato a magistrado en materia civil en Sonora, acusado de acoso laboral, hostigamiento sexual y abuso de poder en varios juzgados donde laboró. Según el expediente disciplinario del Consejo de la Judicatura Federal, se han acumulado al menos siete investigaciones en su contra por parte de ocho trabajadoras, pero el INE no solicitó información al CJF.
La consejera Claudia Zavala lamentó que, a pesar de existir indicios sobre posible incumplimiento de la “8 de 8 contra la violencia”, las autoridades responsables no brindaron la información necesaria para corroborarlo.
“En otros casos, lamentablemente y debido a la ausencia de respuesta por parte de distintas autoridades jurisdiccionales, es imposible que la autoridad emita un resultado concluyente respecto a los indicios detectados”, señaló.
Zavala hizo un llamado a las autoridades jurisdiccionales para que colaboren con el INE en la atención de los requerimientos, ya que están en juego los derechos de las personas involucradas.
Por su parte, la consejera Dania Ravel coincidió en que la falta de respuesta de las autoridades competentes impidió confirmar o descartar la existencia de impedimentos para la inelegibilidad.
“Esta omisión por parte de las autoridades no puede considerarse menor ni secundaria, lo que está en juego es el cumplimiento efectivo de la reforma constitucional, que desde el artículo 38 establece los supuestos bajo los cuales una persona tiene suspendidos sus derechos políticos”, afirmó.
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RN/CR
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