Un juez federal otorgó una suspensión provisional al ex contralmirante Fernando Farías Laguna dentro del proceso penal que enfrenta por presuntos vínculos con delincuencia organizada relacionada con delitos en materia de hidrocarburos, en el caso conocido como huachicol fiscal. No obstante, la resolución no implica su liberación, por lo que permanecerá sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.
El recurso fue promovido por el exmando naval el pasado 15 de septiembre ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con el objetivo de impugnar tanto la vinculación a proceso como la imposición de la prisión preventiva oficiosa dictadas en su contra.
La determinación judicial ordena suspender temporalmente cualquier avance hacia la etapa de juicio oral, por lo que la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano deberá abstenerse de remitir el caso al Tribunal de Enjuiciamiento mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo.
De acuerdo con la resolución, el proceso penal podrá continuar en etapas previas, incluyendo las actuaciones correspondientes a la fase intermedia. Sin embargo, se impide el inicio del juicio oral con el propósito de evitar posibles afectaciones irreparables a los derechos del quejoso mientras se analiza la constitucionalidad de los actos reclamados.
El juez Jorge Adrián Cruz Flores también concedió una medida cautelar relacionada con la prisión preventiva. No obstante, precisó que el excontralmirante permanecerá bajo la jurisdicción de las autoridades competentes respecto a su situación jurídica y al desarrollo del procedimiento penal en curso.
Asimismo, el juzgador señaló que la suspensión provisional no limita las facultades de las autoridades judiciales o penitenciarias para resolver sobre condiciones de internamiento o eventuales beneficios legales que pudieran corresponder, ya que la medida busca garantizar la protección de los derechos del solicitante sin generar perjuicios adicionales.
El caso forma parte de las investigaciones por presuntas redes de huachicol fiscal, una práctica vinculada con la comercialización irregular de combustibles y considerada una de las principales modalidades de evasión y fraude en el sector energético mexicano.