Jóvenes en la mira. El fracaso gubernamental ante el narco

No es ningún secreto que la delincuencia organizada ha rebasado al gobierno, y la percepción generalizada es que existe una complicidad o, al menos, una inercia gubernamental que permite que estos grupos criminales operen con impunidad. La pregunta que surge es: ¿Existe realmente un pacto entre el gobierno y los líderes criminales?

Resulta esencial reconocer la magnitud del problema y el hecho de que la inseguridad en México no es un problema aislado, sino el resultado de décadas de políticas fallidas, corrupción y desigualdad, que sin embargo se ha agravado por la inacción del actual gobierno y su política de “abrazos, no balazos” La respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador ante estos actos de violencia ha sido, en el mejor de los casos, insensible y lo demostró reciente en su mañanera, con el reiteradamente desaprobado ademán de “no oigo”, que para la mayoría constituyó una ofensa deshumanizada y una expresión terrible, que muestra su verdadero rostro. Y Morena, el partido del presidente, y sus dirigentes, también se sumaron a la apatía presidencial. Pareciera que la seguridad de los ciudadanos ha quedado en segundo plano; que la agenda política, la lucha por el poder político y las próximas elecciones, han eclipsado cualquier esfuerzo serio para abordar la crisis de seguridad que azota al país.

La situación en Lagos de Moreno no es un caso aislado. Según un artículo del diario La Jornada, de los 110 mil 957 desaparecidos a nivel nacional, el 51 por ciento tiene entre 15 a 34 años. Estas cifras son un reflejo de la magnitud del problema y de la vulnerabilidad de los jóvenes ante la delincuencia. La organización Reinserta – una agrupación no gubernamental que trabaja con niñas, niños y adolescentes expuestos a situaciones traumáticas relacionadas con la violencia en México–, señala que, del año 2000 al 2019, más de 31 mil niñas, niños y adolescentes han sido reclutados por la delincuencia organizada. Estos jóvenes son atraídos por la promesa de dinero fácil, pero terminan atrapados en una espiral de violencia y criminalidad y alerta sobre el reclutamiento de menores de entre 12 a 15 años.

La estrategia gubernamental para combatir a la delincuencia ha sido ineficaz. Las cifras de violencia y criminalidad no muestran signos de disminución, y la percepción de inseguridad entre la población sigue en aumento. Incluso las familias de las víctimas, desesperadas por respuestas, a menudo se ven obligadas a realizar sus propias investigaciones. En este doloroso proceso, se enfrentan a la indiferencia y, en ocasiones, a la hostilidad de las autoridades.

Una de las estrategias más publicitadas del gobierno de López Obrador ha sido el programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", que busca, mediante apoyos económicos, evitar que los jóvenes caigan en las redes del narcotráfico, pero el programa ha enfrentado críticas por su falta de estructura y seguimiento. No les ha quedado claro que no basta con sólo entregar dinero; es esencial ofrecer formación, oportunidades de empleo y, sobre todo, un entorno seguro; la realidad ha demostrado que esta estrategia ha sido de hecho otro fracaso, porque la delincuencia organizada ofrece a los jóvenes no solo dinero, sino también un sentido de pertenencia y poder.

Pero la pequeñez del actual gobierno les impide entender que combatir esta atracción requiere un enfoque multidimensional que vaya más allá de simples transferencias económicas. Además, ha habido informes de que algunos beneficiarios del programa han utilizado los fondos para actividades ilícitas o, en el peor de los casos, han sido reclutados por grupos criminales a pesar de recibir el apoyo. Esto pone de manifiesto la necesidad de un seguimiento más riguroso y de medidas complementarias que aborden las causas subyacentes de la delincuencia.

Es evidente que la estrategia de "abrazos, no balazos" y los programas de apoyo económico, por sí solos, no han sido suficientes para enfrentar la complejidad del problema. La inseguridad en México no puede ser abordada con soluciones simplistas o unidimensionales; la delincuencia organizada no solo se ha infiltrado en las estructuras de poder, sino también en el tejido social del país, y el reclutamiento –y el asesinato brutal de jóvenes como lo que probablemente ocurrió en Lagos de Moreno, Jalisco–, es un claro indicativo de cómo estos grupos buscan perpetuar su influencia y control.

Se requiere una estrategia integral que combine prevención, educación, oportunidades económicas y, cuando sea necesario, verdaderas y no timoratas y a veces risibles acciones de fuerza contra los grupos criminales. Es imperativo que el gobierno reconozca las deficiencias en sus estrategias actuales y esté dispuesto a adaptarse y evolucionar en función de las necesidades y realidades del país. Es evidente que la participación ciudadana es esencial, pero también lo es en grado superlativo la de los tres niveles de gobierno, para la reconstrucción del tejido social, que es una tarea a largo plazo. También hay que fortalecer las instituciones judiciales y policiales, así como garantizar su independencia y eficacia, ya que la corrupción y la impunidad, agudizadas en la actual administración, son dos de los principales obstáculos en la lucha contra la delincuencia.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM