La Suprema Corte examinará el Decreto de reformas a varias leyes importantes relacionadas con el sistema electoral, incluyendo la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Estas reformas forman la segunda parte del denominado "Plan B" electoral.
El proyecto presentado por el ministro Javier Laynez Potisek plantea declarar inválida esta segunda parte del Plan B, debido a que se considera que durante la aprobación del Decreto, el Congreso de la Unión ha incurrido en violaciones graves al procedimiento legislativo.
Estas violaciones son lo suficientemente significativas como para invalidar la totalidad del decreto impugnado, y están en consonancia con la jurisprudencia establecida por la Corte en más de treinta casos, la cual establece los requisitos mínimos para que un proceso legislativo sea válido.
En primer lugar, se ha comprobado que la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria fue sustituida por una versión modificada mientras se discutía en el pleno de la Cámara de Diputados, sin que los legisladores fueran informados de dicha sustitución ni de las modificaciones realizadas.
Además, se señala que las Cámaras modificaron artículos del proyecto de Decreto que ya habían sido aprobados por ellas en sesiones anteriores, a pesar de que el artículo 72, inciso E, de la Constitución Federal prohíbe específicamente revisar los preceptos ya aprobados por ambas Cámaras.
El proyecto concluye que todas estas violaciones en conjunto han socavado gravemente la capacidad de los legisladores federales para participar de manera activa e informada en la deliberación de las normas sometidas a votación. Por lo tanto, se considera que estas violaciones son suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado.