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Moreira acusa reforma electoral de violar la Constitución y la presunción de inocencia
Nación
Claudia Bolaños
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, advirtió que el dictamen en materia de integridad en candidaturas presenta contradicciones legislativas y deficiencias técnicas que podrían hacerlo inaplicable y violatorio de principios constitucionales.
Durante la discusión de artículos reservados de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el legislador sostuvo que la propuesta otorga facultades al Instituto Nacional Electoral que no están previstas en la Constitución, particularmente en el artículo 41, lo que genera una incongruencia entre la ley secundaria y el marco constitucional.
Señaló además que el mecanismo planteado para evaluar candidaturas podría vulnerar la presunción de inocencia y el debido proceso, al permitir juicios anticipados sin que exista una sentencia firme. “Se viola la presunción de inocencia, porque no hay una sentencia y además no hay debido proceso”, expresó.
El priista también cuestionó que la iniciativa no atiende de fondo la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, al omitir problemáticas como la violencia contra candidatos, el asesinato de aspirantes o la imposición de candidaturas únicas en regiones controladas por grupos delictivos.
Indicó que estas omisiones contrastan con la intención declarada de la reforma, lo que evidencia una contradicción entre el discurso político y el diseño normativo. Añadió que existen vacíos sobre cómo actuar ante hechos graves como el secuestro o asesinato de candidatos durante campañas.
Moreira propuso incorporar medidas adicionales, como la suspensión de procesos electorales en zonas de riesgo, la elaboración de mapas de peligro por parte de la autoridad electoral, la regulación de candidaturas únicas y la inclusión de observadores internacionales en regiones con presencia del crimen organizado.
Asimismo, planteó la necesidad de establecer en la ley la prohibición de la apología del delito por parte de candidatos y mecanismos para evitar el desvío de recursos públicos hacia organizaciones criminales.
El legislador acusó que, pese a estos señalamientos, la mayoría legislativa pretende aprobar el dictamen sin atender las reservas, lo que, afirmó, representa una oportunidad perdida para fortalecer la democracia frente a la violencia y la injerencia del crimen organizado.
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OC/CR
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