Claudia Bolaños
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, exigió a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, responder públicamente sobre los audios relacionados con la cancelación de su visa estadounidense y es que sostuvo que existen elementos que ameritan un análisis jurídico de su actuación, al advertir un posible conflicto entre intereses personales y responsabilidades públicas.
En una conferencia de prensa, la legisladora afirmó que el caso ya no se limita a la cancelación de una visa, sino que involucra el posible uso de información vinculada con las mesas de seguridad del estado.
"Ya pasamos de buscar recuperar una visa a posiblemente poner en riesgo la seguridad de los mexicanos, empezando por la de su estado", declaró.
Planteó cinco cuestionamientos que, dijo, la mandataria debe responder: con quién sostuvo las conversaciones reveladas en los audios; si buscaba únicamente recuperar su visa o conocer si existía una investigación en su contra; por qué le fue retirada; si enfrenta algún expediente o requerimiento en Estados Unidos, y si las autoridades mexicanas conocían esas gestiones.
Señaló que la contratación de un abogado especializado en delitos financieros, corrupción y lavado de dinero no constituye prueba de un ilícito, pero consideró necesario aclarar el motivo de esa contratación, y si se utilizaron exclusivamente recursos privados.
"No se trata de especular ni de prejuzgar. Se trata de esclarecer dónde termina una gestión personal y dónde inicia el ejercicio de una responsabilidad pública", sostuvo.
Respecto a las posibles consecuencias legales, López Rabadán indicó que existen diversas figuras previstas en la ley, aunque reconoció que cualquier procedimiento dependería de las mayorías legislativas.
"Hay muchas figuras, desde la solicitud de licencia hasta un juicio político, por supuesto que hay muchas figuras que se pueden procesar", afirmó.
Añadió que, a su juicio, la posible separación de Del Pilar del cargo “debe ser una decisión ética, personal, de honorabilidad y de prestigio".
También pidió que el caso reciba el mismo trato que otros expedientes relacionados con gobernadores, tal fue el caso de Chihuahua donde a MarI Campos se les acusó de traición a la patria y de violar la soberanía nacional.
"Sería muy bueno y ético que el tiempo que se destinó a Chihuahua se destinara para analizar lo que pasa en Baja California. Porque tener un rasero distinto no prestigia a la política", declaró.
Insistió en que su posicionamiento no busca adelantar responsabilidades penales, sino exigir transparencia.
"La gobernadora de Baja California debe dar la cara, debe informar y debe dar certezas de transparencia. México merece respuestas. Baja California merece respuestas", concluyó.