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Norma Piña crítica la reforma judicial y ataques sistemáticos del Ejecutivo, en su último informe como presidenta de la SCJN
Nación
Claudia Bolaños
En un contexto de tensiones políticas, Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó su último informe de labores. Durante su discurso, lanzó críticas contundentes contra la reforma judicial, advirtiendo que podría tener “consecuencias impredecibles”.
Además, acusó una serie de “campañas constituyeron ataques y amenazas a la independencia judicial y una muy peligrosa práctica antidemocrática”, por parte del Poder Ejecutivo al Judicial.
El evento se realizó sin la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ni de representantes del Congreso.
Piña enfatizó que la reforma, que contempla elecciones directas de jueces, magistrados, ministros e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial en junio de 2025, genera incertidumbre sobre su impacto en el sistema judicial.
“Estamos ante un escenario prácticamente sin precedente a nivel mundial”, anotó.
Y añadió que “la reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos. Todo demócrata y con mayor razón todo servidor público desea lo mejor para su país”, sostuvo.
Durante su último informe como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández lanzó una serie de reflexiones sobre la reciente reforma judicial, enfatizando que su verdadero impacto solo podrá medirse a través de los hechos y con el tiempo.
“Pienso que la expresión exclamada por algunos, ‘sí se pudo’, solo tendrá sentido cuando los hechos den constancia plena de que está funcionando el nuevo sistema que garantice de mejor manera los derechos de las y los mexicanos”, afirmó.
Confió en que la finalidad de esta reforma no consista en destruir sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos, un mejor control de regularidad constitucional, un mejor sistema de contrapesos entre los poderes del Estado, todo ello en beneficio de la sociedad y de nuestro país, pero esto solo se verá con el tiempo.
Dijo que se trata de una reforma con al menos dos evidentes retos de origen: el primero es que se está innovando a partir de una narrativa falsa, infundada, pero repetida, tan consistentemente que ha parecido convertirse en verdad.
Y añadió que el país estña “ante un caso típico de posverdad, en el que las apelaciones a las emociones, a las creencias y a los sentimientos han tenido más influencia en la formación de la opinión pública y de los actores políticos, que los hechos objetivos y verificados”.
Enfatizó que lo sucedido desde hace 6 años, deja ver con claridad “dicha embestida”; y lo que que se buscó, dijo, fue la anulación de la autonomía del Poder Judicial para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas”.
Sin embargo, en el Poder Judicial “actuamos como nos corresponde, como un tribunal constitucional, pero lo cierto es que la campaña de deslegitimación de juzgadores federal comenzó hace más de 6 años”.
Sin señalar al Gobierno Federal dijo que las agresiones fueron de manera sistematizada, y sin pruebas.
“No debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que desde entonces ya eran constantes (…) Se nos llamó traidores al pueblo y se nos acusó de no ser parte de un proyecto político dominante”, lamentó la ministra presidenta,
Hubo casos en que las resoluciones judiciales generaron más molestía en el Poder Ejecutivo, como el de la Guardia Nacional en 2023 que fue “un punto de quiebre importante que intensificó las amenazas y agresiones hacia los ministros de la Corte, por una acción de inconstitucionalidad, donde el pleno invalidó la legislación que ordenaba el traslado del control operativo de la Guardia Nacional a la Sedena”.
Igualmente fue el deseo del gobierno de clasificar como de seguridad nacional, para reservar toda la información de todas las obras que el gobierno considerara prioritarias,
El “Plan B” electoral del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el 22 de junio de 2023, surgió al considerarse la inconstitucional del paquete de reformas con graves procedimientos legislativos.
Esos fueron los tres casos que terminaron por fracturar la relación institucional entre los tres poderes, pues “cada vez que la Suprema Corte resolvía uno de esos casos, las y los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y delincuencia organizada y de cuello blanco, incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces constitucionales y de cara a la sociedad”.
Y “cuando la Corte resolvía caso que se percibían favorables al gobierno, dichas resoluciones se celebraban públicamente y en estas ocasiones se llamaban traidores a la patria y al pueblo a quienes habían promovido medios constitucionales de defensa para controvertir políticas, iniciativas o proyectos gubernamentales”, dijo.
Tal fue el caso de de la reforma de la industria eléctrica.
En 2024, tras impularse la reforma judicial, “se volvió una práctica generalizada violar abiertamente las suspensiones dictadas por los jueces federales en contravención directa de la Constitución (…) y se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos”.
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MM/CR
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