El Sistema de Registro Digital de Anfitriones y Plataformas de Alojamiento Temporal, implementado por el gobierno de Clara Brugada el pasado 21 de mayo, enfrenta un panorama crítico: menos del 5% de los anfitriones activos se ha inscrito y los juzgados federales acumulan cientos de amparos contra la restricción de 183 noches al año.
De acuerdo con organizaciones del sector, la medida afecta directamente a los 27 mil inmuebles que operan en plataformas digitales, mientras que hoteles y casas de huéspedes quedan fuera de la regulación. La comunidad anfitriona acusa que el modelo fue diseñado de manera unilateral, pese a más de 22 meses de mesas de trabajo en las que se presentaron propuestas de regulación progresiva.
Aurora Acosta, anfitriona en Coyoacán, señaló que la limitación vulnera derechos fundamentales y afecta la economía de quienes dependen de esta actividad: “Yo pago mis impuestos y mantengo mi propiedad en orden, pero me dicen que solo puedo trabajar la mitad del año. ¿A qué trabajador le impondrían eso?”.
El historial del padrón evidencia fallas estructurales. La reforma a la Ley de Turismo aprobada en 2024 tardó más de un año en aplicarse y, cuando finalmente se habilitó, incluyó la restricción de 183 noches, considerada por el colectivo Todos Somos Anfitriones como una imposición unilateral.
Según el abogado Héctor Rivera, varios tribunales colegiados ya han otorgado suspensiones definitivas, al considerar que la medida viola derechos constitucionales como la libre profesión. Se prevé que en 2026 el número de recursos legales supere los 600 presentados en 2024, lo que refuerza la percepción de fracaso operativo del registro digital.