El Servicio de Administración Tributaria (SAT) endureció sus mecanismos de fiscalización al establecer procesos exprés que incluyen visitas domiciliarias sin necesidad de orden judicial y la posibilidad de prisión preventiva para contribuyentes señalados por presuntas irregularidades. La medida ha generado preocupación entre especialistas en derecho fiscal y empresarios, quienes advierten sobre un incremento en el poder discrecional de la autoridad tributaria.
De acuerdo con la nueva disposición, el SAT podrá realizar inspecciones inmediatas en oficinas, comercios y domicilios particulares, con el objetivo de detectar evasión fiscal o incumplimiento de obligaciones. Estas visitas se llevarán a cabo sin requerir autorización judicial previa, lo que representa un cambio significativo respecto a los procedimientos tradicionales.
La reforma también contempla que, en casos considerados graves, los contribuyentes puedan enfrentar prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones. Analistas señalan que esta medida podría vulnerar derechos fundamentales, al tratarse de sanciones aplicadas antes de que exista una sentencia firme.
Organismos empresariales han manifestado su inquietud por el impacto que estas acciones podrían tener en la inversión y en la confianza hacia las instituciones. Asimismo, abogados fiscalistas subrayan que la falta de garantías procesales abre la puerta a posibles abusos de autoridad.
El SAT defendió la estrategia argumentando que busca combatir la evasión y fortalecer la recaudación, en un contexto donde el gobierno federal ha priorizado el aumento de ingresos públicos para financiar programas sociales y proyectos de infraestructura.