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Suspenden a dos magistradas por otorgar amparo que evitó extradición de Eugenio Hernández
Nación
Claudia Bolaños
La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación determinó suspender a dos magistradas de un Tribunal Colegiado de Circuito del norte del país, tras detectar presuntas irregularidades en la resolución de un amparo que impidió la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, reclamado por otro país por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. La queja fue presentada por una agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con el expediente, en marzo de 2018 la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió la extradición del solicitante; sin embargo, éste promovió un juicio de amparo contra esa decisión, el cual fue negado por un juez de Distrito. Posteriormente, el caso fue impugnado ante un Tribunal Colegiado de Circuito y, de manera paralela, el quejoso presentó una recusación contra el magistrado presidente de ese órgano jurisdiccional, quien finalmente presentó una excusa para no conocer del asunto.
El proceso permaneció sin movimiento durante siete años, hasta que en diciembre de 2025 las dos magistradas ahora suspendidas resolvieron el incidente de recusación y la excusa sin que el expediente estuviera listado. Además, modificaron la sentencia del juez federal y concedieron el amparo para negar la extradición, bajo el argumento de que la Cancillería mexicana no tomó en cuenta la opinión jurídica de un juez, la cual no era vinculante.
El Tribunal de Disciplina Judicial señaló que, conforme a la legislación mexicana y a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la decisión sobre la extradición de una persona corresponde al Poder Ejecutivo, al tratarse de un acto relacionado con las relaciones internacionales y el principio de reciprocidad entre Estados.
Rufino H. León Tovar, magistrado presidente de la Comisión de Disciplina, explicó que la permanencia de las magistradas en el cargo podría generar una afectación a la impartición de justicia, al ponerse en duda su profesionalismo e imparcialidad en los asuntos de su competencia. Por ello, se ordenó su suspensión temporal mientras se desarrolla la investigación a cargo del Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas.
El magistrado indicó que la indagatoria podría derivar en un procedimiento formal de responsabilidad y, en su caso, en la imposición de sanciones conforme a lo previsto por la ley. Asimismo, sostuvo que las medidas cautelares buscan proteger la integridad del sistema de justicia y asegurar que los procedimientos disciplinarios se desarrollen con independencia, objetividad y transparencia.
El Tribunal de Disciplina Judicial informó que la difusión del caso se realiza bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, procurando al mismo tiempo la protección de los datos personales conforme a la legislación vigente.
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OC/CR
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