Por Laura Arana
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El colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano acusó al Gobierno federal sobre actos de intimidación, ausencia de información, criminalización de la migración e incluso protagonismo de la Guardia Nacional sobre las condiciones que persisten en Chiapas y Tabasco, ante la caravana de centroamericanos que intentan ingresar al país.
“El protagonismo de la Guardia Nacional durante todo el dispositivo de contención evidencia la consolidación de un enfoque de seguridad nacional y criminalización de la migración en el país. Por encima, incluso, del respeto y garantía de los derechos humanos y mecanismo de atención humanitaria para grupos vulnerables como mujeres, niños, adolescentes y personas con discapacidad, comunidad LGBTI”, expresó.
En estos términos se expresaron más de una decena de organizaciones que conforman el colectivo y que, desde el año pasado, se dieron a la tarea de dar seguimiento a las caravanas que intentan cruzar México para llegar a Estados Unidos.
En el último reporte que emitieron sobre las condiciones que persistieron este fin de semana en los límites con Guatemala, aseguraron que hay una preocupación latente sobre el “estrés al que los menores se encuentran expuestos ante la Guardia Nacional y los casos de separación familiar que se dieron al ingresar por las vías ofrecidas por el Estado”.
Pero, además, destacaron la presencia militar y de diversas fuerzas de seguridad en la región fronteriza, incluyendo a los 600 elementos de la Guardia desplegados en el puerto de El Ceibo, en Tabasco.
Además, también constataron las acciones de vigilancia y hostigamiento que sufren las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. “No hay claridad sobre los procedimientos migratorios que están realizando y detectados casos de separación familiar, Preocupa la falta de información sobre el derecho a la protección intentar al momento de ingresar al país”, destacó.
El colectivo está conformado por organizaciones como American Friends Service Committe, Oficina Regional América Latina y el Caribe, Centros de Derechos Humanos Digna Ochoa, Servicio Jesuita a Refugiados, entre otros.