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Contextos sociales, raíz de la desigualdad en la justicia penal y vulnerabilidad de las personas: juez
Nación
Claudia Bolaños
El sistema de justicia en México cuenta con protocolos, instrumentos legales y apoyos institucionales —como intérpretes, trabajadores sociales y facilitadores— para garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad participen plenamente en los procesos judiciales, afirmó Mario Daniel Barragán Rodríguez, juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al sostener que la desigualdad tiene un origen claro: las barreras sociales.
El juzgador subrayó que ningún sector es vulnerable por sí mismo, sino que la vulnerabilidad surge cuando el entorno social impone obstáculos que limitan el ejercicio efectivo de los derechos humanos.
Explicó que, para medir la desigualdad en casos concretos, la justicia penal aplica el enfoque de interseccionalidad, el cual permite identificar cuántas condiciones de vulnerabilidad coinciden en una misma persona, como género, edad, condición económica, origen étnico o situación migratoria.
También destacó el abandono del antiguo modelo de estado de interdicción y la transición hacia un enfoque social que fortalece la autonomía de las personas, mediante herramientas como facilitadores e intérpretes que amplían su capacidad de decisión dentro de los procesos judiciales.
Barragán Rodríguez recordó que, conforme al artículo primero constitucional, los juzgadores están obligados a aplicar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que si durante un proceso no se respeta el contexto cultural o lingüístico de una persona, este debe reponerse para garantizar una defensa adecuada.
Indicó que entre los grupos con mayor riesgo de enfrentar condiciones de vulnerabilidad se encuentran mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes, integrantes de comunidades indígenas y víctimas de delitos, quienes requieren atención prioritaria para asegurar la protección de sus derechos.
El juez insistió en que la vulnerabilidad no es una condición fija, sino que depende del contexto en el que se desarrollan las personas.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a acercarse a las instituciones públicas, al señalar que existen mecanismos de orientación y apoyo, como la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad de México, que brindan acompañamiento ante situaciones de discriminación o desigualdad.
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OC/CR
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