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“Aumenta violencia contra las mujeres indígenas”

“Aumenta violencia contra las mujeres indígenas”

Nación jueves 26 de noviembre de 2020 - 00:39

Por Luis Carlos Rodríguez G.

En la Montaña de Guerrero y en general en todas las zonas indígenas del país, la violencia en contra de mujeres y niñas se ha incrementado, lo mismo en casos de violaciones sexuales, violencia intrafamiliar, matrimonios forzados y feminicidios, casi todos en la impunidad, destacó un informe del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

Como Tlachinollan en lo que va de este 2020 hemos documentado 19 casos de muertes violentas de mujeres y acompañamos siete casos de feminicidios. Contamos con un registro de 14 casos de agresiones sexuales y tres casos desaparición de mujeres en los municipios de Cochoapa El Grande y Zapotitlán Tablas.

“Queremos resaltar que se han incrementado los casos de violencia contra niñas indígenas, sobre todo de nueve a 16 años, en varios casos los agresores son los propios padres o familiares cercanos”, dijo en entrevista con ContraRéplica, Abel Barrera, director de ese centro de derechos humanos.

Expuso que las consecuencias son graves porque la víctima tiene que enfrentar a la misma familia, porque no cree en su palabra, máxime si se trata de una violación. En buena medida estos casos no han prosperado en el Ministerio Público, porque las niñas difícilmente pueden llegar a Tlapa, entrada de la Montaña guerrerense, a interponer las denuncias.
“En la Montaña existe una visión racista contra las mujeres indígenas, ocupan la escala social más baja dentro de las comunidades indígenas y sobre todo en las cabeceras municipales. Por su situación de pobreza, su monolingüismo, su porte sencillo da pie a tratos discriminatorios y abusos sistemáticos a nivel doméstico y en la sociedad más amplia”, agregó.

Por otra parte, en el informe del Tlachinollan “Nuestros cuerpos son sagrados. ¡Alto a la violencia feminicida!” se indica que las mujeres indígenas, incluso todavía son obligadas a matrimonios arreglados por sus padres desde que son niñas o adolescentes.

De acuerdo con cifras de la organización defensora de derechos humanos en los últimos 18 años más de 300 mujeres indígenas han sido vendidas por sus familias a los mejores postores contra su voluntad con fines matrimoniales.

“Su fragilidad es aprovechada por quienes se sienten con más poder y fuerza para someterlas. Algunas costumbres se han ido desvirtuando al limitar la libertad de las mujeres para decidir su estado civil, su deseo de estudiar, de ser participe en las decisiones de la comunidad, de ejercer la titularidad de las tierras y ser autoridad comunitaria o municipal”, explicaron.

Cuando las mujeres logran liberarse de las ataduras del poder patriarcal y se deciden a interponer alguna denuncia ante la agencia del Ministerio Público, se topan con los mismos obstáculos machistas, porque no les creen y no les dan el respeto que merecen.
“La agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales, que se ubica en la ciudad de Tlapa, no tiene la cercanía ni goza de la confianza de las mujeres.

“De antemano saben no les harán caso y en la atención habrá un trato despótico y hasta intimidatorio. Las mujeres para ser atendidas tienen que ir acompañada de algún abogado o abogada, de lo contrario tiene que ‘dar la mochada’, para que funcione el sistema”, detalla el documento.

Dichas agencias no cuentan con personal especializado para la atención exclusiva de las mujeres víctimas de violencia y tampoco cuentan con peritos intérpretes en las lenguas indígenas. En los casos de violencia sexual el personal médico y psicológico que valore a la víctima debe ser mujer; sin embargo, esto no sucede ya que el personal que examina a las mujeres es del sexo masculino.

“Esto tiene como consecuencia que las mujeres ya no le den continuidad a la investigación, porque son exhibidas en los medios periodísticos locales, transcribiendo los hechos que han denunciado. Es casi como una sentencia de muerte, que en varias ocasiones el mismo agresor la consuma”, indican.

Los gobiernos municipales en la región de la Montaña, lejos de ser los garantes en la prevención de la violencia protegen a los perpetradores. A menudo denigran a las mujeres y niñas, las discriminan y fomentan el odio contra ellas, hacen escarnio de su situación de pobreza, marginación y el abandono en que se encuentran, concluye el informe del Centro Tlachinollan.

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JG/CR

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