La Contraloría General de la Ciudad de México inició investigaciones contra los alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe, respectivamente, tras la aprobación de un punto de acuerdo en el Congreso capitalino relacionado con los hechos violentos registrados durante una movilización de la llamada Generación Z, en la que resultaron lesionados más de 100 elementos de la policía.
De acuerdo con la información presentada ante el Legislativo local, las indagatorias buscan deslindar responsabilidades por la presunta convocatoria y participación de grupos de choque durante la protesta. Los expedientes abiertos fueron turnados a los órganos internos de control de ambas alcaldías, con el objetivo de determinar si hubo uso indebido de recursos o coordinación para generar disturbios.
En el documento también se señala que algunas personas habrían sido presionadas para participar en la movilización, además de que se investiga la posible intervención de grupos organizados que provocaron enfrentamientos con policías capitalinos. Como parte del seguimiento a los hechos, se informó que decenas de elementos de seguridad recibieron atención médica y psicológica tras resultar lesionados durante los incidentes.