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Anticorrupción reporta 53 funcionarios vinculados a proceso y más de 4 mil sancionados en dos años
Nación
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que 53 servidores públicos han sido vinculados a proceso penal durante los primeros dos años de la actual administración federal por presuntos delitos relacionados con actos de corrupción, mientras que más de 4 mil funcionarios han recibido sanciones administrativas.
Durante un informe presentado en Palacio Nacional, la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, detalló que además se han promovido 517 denuncias contra servidores públicos ante las autoridades competentes, derivadas de diversas irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones.
La funcionaria señaló que, en materia administrativa, se han impuesto sanciones a 4 mil 193 servidores públicos. Del total, 3 mil 528 correspondieron a faltas consideradas no graves y 665 a infracciones graves. Entre las conductas más recurrentes identificadas se encuentran pagos indebidos, adquisición injustificada de bienes y servicios, falsificación de documentos, manejo irregular de información bajo resguardo oficial, así como casos de hostigamiento y acoso sexual.
Asimismo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha remitido mil 737 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De ellos, 87 ya concluyeron con una sanción, mientras que mil 650 continúan en distintas etapas de análisis y resolución.
Respecto a los delitos detectados, Buenrostro indicó que los casos más frecuentes están relacionados con enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de atribuciones, fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En cuanto a las sanciones dirigidas a empresas y particulares, la dependencia reportó acciones contra 286 personas morales. De este universo, 222 fueron inhabilitadas y multadas, mientras que 64 recibieron únicamente sanciones económicas. Las penalizaciones impuestas han permitido recaudar 147.3 millones de pesos.
Las irregularidades más comunes entre particulares incluyen la entrega de documentación apócrifa, el incumplimiento de contratos públicos, la simulación de capacidades técnicas o financieras para obtener adjudicaciones y la omisión de posibles conflictos de interés en procedimientos oficiales.
La secretaria agregó que también se han impuesto multas por 118.5 millones de pesos a particulares que incumplieron disposiciones relacionadas con la protección y manejo de datos personales. En este rubro, 51 personas o entidades han sido sancionadas.
Además de las acciones de fiscalización y castigo, la dependencia destacó resultados en materia preventiva. Según el reporte, las estrategias implementadas permitieron proteger recursos públicos por aproximadamente 83 mil 800 millones de pesos.
Del monto total resguardado, 29 mil millones de pesos corresponden a mejoras en procesos de contratación pública; 42 mil 200 millones a acciones de supervisión de contratos; 4 mil 800 millones a procedimientos sancionatorios; y 7 mil 800 millones a medidas orientadas a incrementar la eficiencia administrativa del gobierno federal.
La dependencia sostuvo que estos resultados forman parte de los esfuerzos para fortalecer los mecanismos de control, prevenir actos de corrupción y optimizar el uso de recursos públicos en la administración federal.
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JM/CR
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