Autoridades federales y estatales aseguraron cerca de 60 millones de litros de aparente hidrocarburo durante un operativo realizado en un inmueble ubicado en la comunidad de La Fragua, en el municipio de San José de Iturbide, Guanajuato, como parte de una investigación relacionada con posibles delitos en materia de combustibles.
La Secretaría de Seguridad y Paz del estado informó que el aseguramiento derivó de trabajos de inteligencia y coordinación entre instancias de los tres órdenes de gobierno. De acuerdo con las primeras indagatorias, en el sitio fueron localizados volúmenes importantes de producto con características similares a diésel, gasolina regular y gasolina premium.
La intervención se llevó a cabo mediante una orden de cateo autorizada por un juez federal y ejecutada por personal del Ministerio Público Federal, con apoyo de especialistas periciales y corporaciones de seguridad. La acción forma parte de una carpeta de investigación relacionada con presuntas actividades de almacenamiento y distribución irregular de hidrocarburos.
Durante la diligencia también fueron localizados y asegurados diez tanques que contenían combustible presuntamente almacenado, además de tres vehículos de carga, diversos recipientes utilizados para el traslado del producto y documentación que será integrada a las investigaciones correspondientes.
Las autoridades señalaron que, debido al volumen del material encontrado, continúan las labores técnicas para determinar con precisión la cantidad total asegurada, así como las características y origen del combustible. Asimismo, se mantienen protocolos especializados para prevenir riesgos asociados a posibles derrames, incendios o explosiones.
El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades federales, mientras que los indicios recolectados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia encargada de establecer la procedencia legal del producto y definir las acciones legales correspondientes.
El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, destacó que las investigaciones continúan en desarrollo y precisó que el aseguramiento no implica por sí mismo la existencia de responsabilidades penales. Indicó que serán las autoridades ministeriales y judiciales quienes determinen, conforme al debido proceso, las posibles responsabilidades derivadas del caso.