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Aval de 4 ministros tiene prisión preventiva
Nación
Cuatro de los 11 integrantes del Máximo Tribunal del país se pronuncian en contra de la inaplicación forzosa de la prisión preventiva oficiosa establecida en la Carta Magna.
Con el argumento de que no tiene facultades para reformar la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila mantener vigente la prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19 de la Carta Magna.
Cuatro de los 11 ministros ya se pronunciaron contra la inaplicación forzosa de la medida cautelar, planteada por el ministro Luis María Aguilar Morales, en su proyecto de sentencia de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y senadores de oposición contra esta figura jurídica en 2019.
Así, ya no se alcanzarán los ocho votos necesarios para la aprobación por mayoría calificada del polémico proyecto, rechazado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y diversas dependencias federales.
En un debate histórico del pleno del Máximo Tribunal del país, los ministros Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá fueron los primeros en desestimar la propuesta de Aguilar Morales, quien al inicio de la sesión aclaró que no propone que la Suprema Corte vaya a negar la posibilidad de decretar la prisión preventiva o que atente o busque obstaculizar las labores de investigación y persecución de los delitos, y mucho menos que las personas actualmente presas deban ser liberadas en automático.
“Cuando se comete un delito y el Ministerio Público tiene pruebas suficientes para sostener una acusación por supuesto que podrá solicitar la prisión preventiva”, expuso Aguilar Morales.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa consideró que la SCJN carece de atribuciones para inaplicar una norma establecida en la Constitución, cuya modificación o invalidez corresponde exclusivamente al constituyente permanente.
Aunque señaló que la prisión oficiosa no es una medida cautelar deseable para el Estado mexicano, Esquivel Mossa consideró que suprimirla significaría dejar a la sociedad a merced de las bandas del crimen organizado y darles la espalda a las familias de las víctimas de homicidio, feminicidio, secuestro y de personas desaparecidas, entre otros delitos.
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CA/CR
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